La Comisión de Marina analizará un proyecto de ley por el que se crea la Universidad Marítima de México, a fin de impulsar la educación náutica del país y contribuir a solucionar problemas de transporte y operación portuaria.
La iniciativa, que expide la Ley por la que se crea dicha institución de enseñanza superior, fue presentada en la LXII Legislatura, el 12 de marzo de 2015, por el entonces diputado Germán Pacheco Díaz (PAN), y se turnó a la Comisión de Marina para su análisis.
La reforma contempla que la Universidad Marítima de México será un organismo autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio; se encargará de impartir educación superior técnica, de licenciatura y postgrado, para formar personal docente, investigadores y técnicos.
En reunión de la comisión, su presidente, diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez (MC) consideró que la universidad sería una oportunidad para que México esté a la altura de lo que demanda el mundo, ya que el 90 por ciento del comercio se maneja a través de la marina mercante.
Para el país, recalcó, la marina mercante es un nicho importante, pues el 80 por ciento del trasporte se hace a través del mar.
El diputado federal por Tamaulipas precisó que las escuelas marítimas existentes han dado un fruto importante, ya que los jóvenes que ingresan, al ser de bajos recursos, salen dominando el inglés, además de que encuentran trabajo dentro de la marina mercante.
“Esto da un voto de confianza para impulsar la universidad. Tenemos que analizar la propuesta y buscar la manera de ampliar las instalaciones y que den el servicio que se requiere”, acotó.
Al exponer la iniciativa, el capitán de altura Francisco de Jesús Riveros García aseguró que México enfrenta graves problemas en los que la marina mercante puede contribuir a resolverlos con educación y empleo.
Con la universidad, precisó, se podría ampliar la oferta educativa y diversificar materias en las que se necesitan profesionales del sector marítimo y portuario. Es “una oportunidad para contar con licenciaturas en derecho marítimo, arquitectura naval y desarrollo de empresas navieras”.
Además, continuó, se cubrirían empleos, ya que los marinos son requeridos y mantienen un alto nivel de profesionalización.
Explicó que si bien es cierto que la Ley de Navegación establece que la educación náutica es de interés público y es obligación del gobierno impulsarla, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ésta no ha sido exitosa para obtener recursos.
Consideró que hace falta un cambio de esquema para que la educación náutica tenga el impulso que necesita, no sólo por ser una vocación de los marinos, sino porque cada año, al igual que en muchas otras universidades, hay un gran número de aspirantes que quieren entrar.
Detalló que la educación náutica en México es administrada, desde la década de los setentas, por el Fideicomiso de Formación y Capacitación del Personal de la Marina Mercante Nacional (Fidena), dentro del sector de comunicaciones y transportes. Cuenta con tres escuelas náuticas en Tamaulipas, Veracruz y Sinaloa, además de un Centro de Educación en Ciudad del Carmen, Campeche.
Expuso que el Fidena, a pesar de que amplió sus capacidades, no es suficiente. Además, apuntó, el sector naviero no cuenta con personal suficiente. Dicho fideicomiso, continuó, creado hace más de 40 años, carece de fortaleza para garantizar en forma definitiva la capacidad de las escuelas náuticas y satisfacer la actual demanda educativa que reclaman los jóvenes.
A pesar de que el Fidena fue creado de manera provisional y ha efectuado un extraordinario esfuerzo por mantener la formación y titulación de los egresados de las escuelas náuticas dentro de los más altos estándares educativos, los recursos son insuficientes para su sostenimiento, lo que ha obligado a su administración a cobrar inscripciones y colegiaturas a sus alumnos.
La intención es transformar lo que tenemos en la educación marítima, en algo que posea mayor fortaleza; relevar al fideicomiso para mejorar no sólo la organización, sino también su presupuesto, ya que durante el 2014 se le destinaron, por conducto de la SCT, poco más de 67 millones de pesos (mdp) para su sostenimiento y operación, mientras otras universidades públicas reciben recursos por 2 mil 300 mdp.
“Les pedimos que discutan la iniciativa, la puedan dictaminar, y si hace falta, la modifiquen y mejoren”, añadió.