violencia devalúa las propiedades en México, pero sobre todo las de los más pobres. A esa conclusión lleva un estudio realizado por Laura Jaitman, una especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“La reducción en el precio de las viviendas en zonas pobres ha sido 40 por ciento mayor que en aquellos sectores que han experimentado picos de violencia homicida de corta duración”, dice.
Laura Jaitman coordina el área de investigación en Seguridad Ciudadana y Justicia del BID. Sus principales temas de investigación son economía del crimen, evaluación de políticas para prevenir y reducir el delito, y economía política. Antes fue consultora del Banco Mundial, el BID y J-PAL en temas de evaluación de impacto de políticas públicas en distintos países de América Latina. Es Doctora en Economía de University College London, Reino Unido; Master en Economía de la Universidad de San Andres, Argentina, y Licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
“El crimen nos cuesta”, dice la especialista en el texto “¿Qué impacto tiene la delincuencia en el precio de su vivienda? El caso de México”, publicado por el BID.
“Nos cuesta de manera directa —por las mayores inversiones públicas y privadas en seguridad, como policías, alarmas, costos de salud, costos de encarcelamiento, entre muchos otros factores— como de manera indirecta, por los cambios de los comportamientos que hacemos por miedo al crimen. El crimen afecta el bienestar de la sociedad”.
¿Pero cómo medimos este efecto?, cuestiona. “Tener una mejor comprensión de los costos indirectos de la delincuencia es crítico para conocer el impacto de la violencia sobre el desarrollo. En nuestro reciente libro Costos del Crimen y la Violencia en el Bienestar en América Latina y el Caribe evaluamos el impacto de los homicidios sobre el precio de la vivienda en México. Una de las formas en la literatura de medir cambios en el bienestar es mediante la disposición de pagar de la gente”, dice la economista Jaitman. “Debería existir una menor disposición a pagar por bienes inmobiliarios ubicados en zonas violentas, reduciendo el bienestar social de las víctimas”.
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