La Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado aprobó de manera económica solicitar al Gobierno del Estado y los 67 ayuntamientos de la entidad, para que se habiliten parques y jardines públicos a efecto de que cuenten con “jueguitos” accesibles para niñas, niños y personas usuarias de silla de ruedas.
Lo anterior, en el ámbito de su competencia y de conformidad con la Ley para la Atención de las Personas con Discapacidad en el Estado, y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El diputado Rogelio Loya Luna, en representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, indicó que es una urgencia que en el estado la movilidad sea una garantía para las personas usuarias de silla de ruedas y, sobre todo, que niñas y niños puedan tener derecho al disfrute de los espacios públicos y del inmobiliario con el que cuentan los parques.
Tal motivación se sustenta, explicó, entre otras consideraciones, en la obligación de los órganos de gobierno de asegurar dentro del ámbito de su competencia, la plena vigencia de los derechos fundamentales del hombre y el reconocimiento cabal de la dignidad y el valor de la persona humana, sin distinción alguna, mejorando las condiciones de existencia y el nivel de vida de sus habitantes bajo el presupuesto de igualdad de todos los miembros de la comunidad.
Señaló que en este mismo sentido, el Gobierno de la República asumió los compromisos afirmados por la comunidad internacional en la Cumbre Mundial de los Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, en donde se suscribieron compromisos al respecto por los Estados miembros, entre los que quedó expresamente señalado el de “Adoptar o modificar la legislación para garantizar el acceso a los derechos de los mexicanos con discapacidad y garantizar la supresión de todos los obstáculos que limiten o excluyan su plena participación en la sociedad.
Igualmente, en la Cumbre de Desarrollo Social celebrada por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, se establecieron postulados y principios al respecto, afirmando la necesidad de “Asegurar que las personas y los grupos desfavorecidos y vulnerables estén incluidos en el desarrollo social y que la sociedad reconozca las consecuencias de la discapacidad y responda a ellas garantizando los derechos de la persona y posibilitando su acceso al medio físico y social.”