Integrantes de la Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara denunciaron que el megaproyecto turístico perteneciente al Fideicomiso Barrancas del Cobre pretende detonar más obras turísticas que generarán más despojos de tierras a los tarahumaras, sin que la autoridad intervenga en esto.
Hace cuatro años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictó una sentencia con la cual obligaba al Gobierno Mexicano a constituir el Consejo Consultivo para realizar una consulta a indígenas de la región en torno al fideicomiso mencionado y hasta el momento no se ha dado cumplimiento a este orden.
El proyecto turístico generó que el gobierno estatal entregara a particulares mil 500 hectáreas de la comunidad de Mogótavo.
Ignacio Lagunes Cerda, asesor jurídico de la comunidad, recordó al medio nacional Sin Embargo que desde el 2011 los rarámuris interpusieron un juicio de amparo ante el Tribunal Agrario por amenazas de agresión, reubicación y despojos de tierras.
El juicio de amparo aún está por resolverse y a los tarahumaras se les ha negado el derecho de constituirse en ejidos y reconocérseles la propiedad ancestral, debido a que las tierras que siembran y habitan son oficialmente de otras personas.
Lo que se demanda es que se declare nula la declaratoria de bienes nacionales a las tierras de los indígenas y la adjudicación de esos bienes a favor de los particulares.
En 2008, un grupo de inversionistas reclutados por el área de turismo y economía del estado compraron terrenos de la comunidad de Mogótavo sin el conocimiento de sus verdaderos propietarios.
Un documental dirigido por Randall Gingrich señala que los indígenas fueron amenazados por elementos del Ejército Mexicano y de la Policía para iniciar el despojo de tierras y conformar la zona turística de Barrancas del Cobre.
Gingrich señala que 26 años atrás, el gobierno del estado rechazó la solicitud de reconocer a Mogótavo como terreno ejidal, dejando a la comunidad sin título de su propio territorio.
Hasta 1984, las tierras de los indígenas fueron registradas como territorio nacional, posteriormente se vendieron 500 hectáres de Mogótavo a Ivonne Sandoval, dueña del hotel Divisadero.
Sandoval pagó 100 pesos por cada hectárea de un terreno que no le pertenecía.
En 1999, gobierno del estado vende a Odile Sandoval, hermana de Ivonne, otra parte del terreno. Ellas son hijas de Efraín Sandoval, un cacique ligado con la corrupción política de Chihuahua, mismo que en los años ochenta amenazó a líderes indígenas, disparó y quemó casas de sus vecinos.
Los miembros de la comunidad presentaron una denuncia ante el Tribunal Agrario, demandando al Fideicomiso Barrancas del Cobre, a Gobierno del Estado, Gobierno Federal y a las hermanas Sandoval. Todos estos actores desconocieron que la comunidad existiera.
En 2006, la comunidad solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah) realizar inspecciones en el lugar.
Investigadores y guías tarahumaras recorrieron los terrenos localizando 22 asentamientos humanos, de estos 22 algunos eran prehispánicos que databan de alrededor de 600 a 800 años de antiguedad, dandóles la prueba de que estos eran sus terrenos.
Ivonne vendió 147 hectáreas de Mogotavo por 146 millones de dólares al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) para el manejo del fideicomiso Barrancas del Cobre. El gobierno ha invertido casi 200 millones de dólares en el desarrollo turístico. En el 2010, el fideicomiso inicia la construcción de un parque recreativo en el territorio, sin consultar a los tarahumaras.
Aquí puede ver el documental completo: https://vimeo.com/122289234