La falta de protocolo de actuación en temas de desplazamiento forzado, en la entidad chihuahuense, ha generado una violación a los derechos humanos de las víctimas al no garantizar su seguridad durante el desplazamiento de una región a otra por factores también violatorios a la presunción de inocencia.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz González, informó que la autoridad se ha visto imposibilitada a garantizar escoltas a los desplazados, por temor de estar escoltando a alguien ligado a la delincuencia organizada.
Armendáriz Gonzáles detalla que en este contexto, la autoridad debe revisar en su sistema si la persona que solicita el acompañamiento se encuentra siendo investigada o tiene alguna orden de aprehensión, de no aparecer se le debe ofrecer la seguridad o en caso contrario, como actualmente se está manejando, estas acciones estarían violentando la presunción de inocencia.
Amnistía Internacional posicionó a Urique, Valle de Juárez y Chínipas como las regiones con más desplazamientos forzados en el estado de Chihuahua a causa de la violencia; durante el 2015, 25 familias de Urique solicitaron al organismo derechohumanista estatal el apoyo para salir de la región, mientras que la Comisión reporta al Valle de Juárez como una de las regiones con el mayor número de solicitudes de asilo a causa de la inseguridad.