El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz González, informó que aún no tienen denuncias por las 26 personas desplazadas del municipio de Bocoyna a raíz de la violencia, así como tampoco se les ha detallado de esta situación en el municipio de Chínipas.
En el caso de Bocoyna fueron más de 20 rarámuris los que pidieron apoyo al Estado luego de huir de las regiones que habitaban, en su mayoría a causa de la violencia que impera en las regiones serranas.
Durante la semana pasada en Chínipas se registró un enfrentamiento que generó también desplazamientos forzados, según el medio nacional Proceso, sin embargo esta información no ha sido confirmada por la autoridad, la cual negó reporte de heridos o muertos, señalando la versión extraoficial que en estos hechos falleció una menor de cuatro años a causa de un incendio provocado por una granada que cayó en su vivienda.
De ambas situaciones, la CEDH no cuenta con denuncias formales sobre desplazamientos forzados, pero urgió al Estado a la creación del protocolo para atender a las familias afectadas por esta problemática en la Sierra Tarahumara.
La falta de protocolo de actuación en temas de desplazamiento forzado, en la entidad chihuahuense, ha generado una violación a los derechos humanos de las víctimas al no garantizar su seguridad durante el desplazamiento de una región a otra por factores también violatorios a la presunción de inocencia.
rmendáriz González informó que la autoridad se ha visto imposibilitada a garantizar escoltas a los desplazados, por temor de estar escoltando a alguien ligado a la delincuencia organizada.
En este contexto, la autoridad debe revisar en su sistema si la persona que solicita el acompañamiento se encuentra siendo investigada o tiene alguna orden de aprehensión, de no aparecer se le debe ofrecer la seguridad o en caso contrario, como actualmente se está manejando, estas acciones estarían violentando la presunción de inocencia.
Amnistía Internacional posicionó a Urique, Valle de Juárez y Chínipas como las regiones con más desplazamientos forzados en el estado de Chihuahua a causa de la violencia; durante el 2015, 25 familias de Urique solicitaron al organismo derechohumanista estatal el apoyo para salir de la región, mientras que la Comisión reporta al Valle de Juárez como una de las regiones con el mayor número de solicitudes de asilo a causa de la inseguridad.