Un reporte elaborado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional alertó sobre la “colusión deliberada” entre las mineras y los capos de la droga en el país e informó que el crimen organizado controla “el derecho a realizar la actividad” en los estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas.
El estudio difundido por el medio nacional Proceso destaca que los cárteles de la droga han incrementado la extorsión, el robo y las amenazas a las empresas mineras que operan en México y han propagado la violencia en contra de los trabajadores y las comunidades en donde se encuentran instaladas las corporaciones.
“A pesar de que las organizaciones criminales se benefician de la extorsión de las minas que operan legalmente, también existe evidencia de la colusión deliberada entre las minas y los líderes del crimen organizado”, se expone en el informe “El crimen organizado y el oro ilegalmente extraído en América Latina”.
La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada llevó a cabo esta investigación documental y de campo en América Latina entre febrero y diciembre de 2015, a fin de indagar los vínculos entre el crimen organizado y la minería ilegal de oro, y para explorar la manera en que este nexo, entre el crimen y la minería ilegal de oro, fondea a los grupos criminales y terroristas, facilita el lavado de dinero y la corrupción, desplaza poblaciones locales, acelera la destrucción del medio ambiente y crea situaciones de explotación laboral, tráfico de mano de obra y tráfico sexual.
La organización refiere en su informe que México es el décimo tercer exportador de oro en el mundo. También revela que en 2012 el país exportó 5.4 mil millones en valor de este metal.
Los mismos datos indican que el crimen organizado “controla el derecho a realizar esta actividad” en los estados de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas.
Y los principales cárteles de la droga que mantienen este control son Los Zetas, Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, Los Rojos y el Cártel de Sinaloa.
El documento menciona que en 2012 la PGR dio a conocer que las empresas mineras son extorsionadas regularmente por grupos criminales por montos que oscilan entre los 11 mil y los 37 mil dólares mensuales para tener derecho a operar en el territorio que controlan.
“Si estos pagos no se realizan, los directores de las empresas, los miembros de sus familias, y los propios mineros son amenazados”, se advierte en el informe.
Sin embargo, el reporte detalla que los grupos criminales mexicanos no sólo se limitan a extorsionar a las empresas mineras, “sino también a los propios trabajadores, quienes tienen que pagar, cada uno por separado, para trabajar en la mina. En algunos lugares esto se conoce como un ‘impuesto de cooperación’”.
Proceso