Ante la falta de respuesta de las autoridades en todos los niveles de gobierno para enfrentar la crisis de desapariciones en México, familiares de desaparecidos conformaron la Primer Brigada Nacional de Búsqueda que iniciará en fosas clandestinas del estado de Veracruz y se encuentra conformada por familias de desaparecidos en el estado de Chihuahua, Guerrero, Coahuila, Sinaloa y Baja California.
El día de hoy expertos estarán partiendo de la Ciudad de México hacia Amatlán de Los Reyes, Veracruz, para capacitar y apoyar a las familias de dicho estado en la ubicación y manejo de fosas clandestinas, dando respuesta a una “emergencia humanitaria de dimensiones aún incuantificables” por la que atraviesa México, según detalla el medio nacional Sin Embargo.
Los familiares estarán acompañados por organizaciones de la sociedad civil, grupos de búsqueda de Veracruz, un equipo que documentará los hechos, medios de comunicación y ciudadanos solidarios, solicitando al gobierno federal, de Veracruz a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía General de Justicia de dicho estado, se garantice la integridad de los buscadores y se establezcan mecanismos que resguarden los hallazgos y evidencias que pudieran encontrarse.
Chihuahua es uno de los estados con el mayor número de desaparecidos en México, según el reporte de Amnistía Internacional, teniendo al municipio de Cuauhtémoc como un foco rojo al contar con más de 300 reportes de ausencia en una población no mayor a los 150 mil habitantes.
En la zona occidente del estado fueron encontradas fosas clandestinas en Cusihuiriachi, Cuauhtémoc y Carichí, los restos fueron protegidos con medidas cautelares por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las cuales limitan al Estado a tener injerencia en dichos restos y los cuales, por petición de familias de desaparecidos, deben ser analizados por peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
A la fecha, la organización del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y el Equipo de expertos han denunciado trabas del gobierno estatal desde el 2011 para el trabajo en estos cuerpos, los más recientes bloqueos se tienen en la solicitud de la Fiscalía General del Estado de no informar sobre los resultados a las familias; no acceder a expedientes previos sobre la localización de los restos calcinados; imposibilidad para elegir sobre qué cuerpos trabajar; entre otros.