El diputado federal priista, César Camacho Quiroz, informó que para el próximo periodo ordinario de sesiones estaría retomándose la propuesta de la Ley General de Aguas para convertirla en una ley vigente.
Aseguró que esta ley es parte de la agenda social del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y de aprobarse será la federación la autoridad rectora, pero al ser general –y no federal- esta tendría que ser consensuada con los gobernadores de los distintos estados y los alcaldes, involucrando también a las comisiones de recursos hidráulicos y de agua potable de la Cámara de Diputados.
Desde el anuncio sobre esta ley, distintos sectores sociales –sobre todo campesinos- se opusieron a dicha reglamentación ya que aseguraron que esto generaría una privatización del recurso, incluso Morena detalló que si bien la iniciativa generaría grandes obras, no se dice que esto se pagaría con dinero de usuarios.
Heraclio Rodríguez, líder barzonista del estado de Chihuahua, detalló que entre las afectaciones que se darían con esta ley se contempla la privatización para poner el recurso a disposición de grandes compañías que incluso podrían usarla para el fracking, por lo que llamó a reforzar los movimientos campesinos para defender el recurso natural.
Claudia Campero, consultora de Blue Planet Project, manifestó a Animal Político que esta legislación contraviene el derecho al agua y significa un paso adicional para beneficiar al sector privado que ha ganado espacio de acción desde 1994.
Uno de los defensores de esta iniciativa fue el ex diputado priista Kamel Athie Flores, quien presidía la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, y ahora busca la presidencia municipal de Cuauhtémoc.