El fin de semana, el Miami Herald dio a conocer que el ex presidente de la Comisión Ejecutiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y actual Diputado por el Partido Nueva Alianza (Panal), José Bernardo Quezada Salas, gastó con su esposa 6.3 millones de dólares en la compra de 11 condominios de lujo en un edificio de la exclusiva zona de Brickkell, en Miami, en 2005.
Quezada Salas podría haber pagado en efectivo. Las ofertas de compra se realizaron a través de diversas empresas de Florida que pertenecen a sus familiares.
Un año antes, la esposa del legislador del Panal, Jessica Peredo Rincón, habría pagado otra fuerte suma, 1.1 millones de dólares, por otro lujoso departamento en el edificio Setai en South Beach. En 2008, la pareja adquirió otro condominio del Sunny Isles Beach, éste por una suma de 848 mil dólares.
Con sus 11 departamentos, Quezada Salas y su familia tienen el control del 10 por ciento de los 116 condominios de lujo que alberga un exclusivo edificio ubicado en el número 1395 de la glamorosa avenida Brickell en Miami, de acuerdo con el diario.
Ni el Gobierno federal, ni el sindicato, ni la Procuraduría General de la República (PGR), ni el mismo diputado abrieron la boca. No sorprende. Los sindicatos mismos son una caverna oscura y maloliente desde hace años.
Más de 2 mil 500 millones de pesos (mdp) de recursos públicos, cuyo paradero es desconocido, fueron entregados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Lotería Nacional (Lotenal), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Petróleos Mexicanos (Pemex) a sus sindicatos entre 2010 y 2014.
Esta Unidad de Datos calculó el flujo de dinero a esos cinco sindicatos en ese periodo de modificación del poder presidencial a partir de solicitudes de información, revisión de contratos colectivos de trabajo y el portal de datos abiertos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tiene en Internet.
Imperturbables, cobijados en su historia de batallas y conquistas, los sindicatos mexicanos lograron resistirse a la Transparencia incluso frente a sus propios afiliados que contribuían con sus cuotas a los millones de sus arcas. Pero el 5 de mayo, tienen otro panorama por lo menos en la letra legal. Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia, estarán obligados a detallar sus cuentas en sus portales cibernéticos y ante el INAI.
Pero, ¿y lo de antes? Por ahora, el dinero público que se les entregó durante décadas se encuentra en el limbo. La historia de José Bernardo Quezada corresponde a ese pasado, cuando al SNTE era dirigido por Elba Esther Gordillo y poco se conocía de lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) le entregaba y cómo lo gastaba. En febrero de 2013, cuando la ex dirigente fue detenida por delitos relacionados con el lavado de dinero, el sindicato ofreció una conversión a los datos abiertos. Dirigido por Juan Díaz de la Torre montó un Observatorio Público de Transparencia e Información (OPTINSTE) y en septiembre pasado, para acatar las disposiciones de la nueva Ley General de Transparencia, firmó un acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
Pero ese observatorio aún no muestra el flujo que recibió durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), ni mucho menos en el de Vicente Fox (2000-2006). Lo que puede observarse en sus números es que pagó 37 mdp a Televisa en 2013 para la difusión de la Reforma Educativa de 150 que recibió. También que, en 2014, obtuvo 200 mdp que hasta ahora no ha ejercido.
En el periodo sobre el que esta unidad pidió datos, años que abarcan la última parte del Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y la primera de Enrique Peña Nieto, las agrupaciones gremiales del país emprendieron una ardua batalla legal para resistirse a la Transparencia y Rendición de Cuentas. Sólo en ese periodo, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) cuyo líder es el senador priista Çarlos Romero Deschamps, promovió unas 47 demandas de amparo en contra de peticionarios ante el INAI (antes IFAI) para que Petróleos Mexicanos (Pemex) no brindara ninguna información sobre el dinero que le entregaba.
En 2012, al calor del debate de la reforma laboral, los sindicatos lograron desechar una iniciativa en el Congreso de la Unión que obligaba a los líderes de agrupaciones de más de 150 miembros a informar sobre lo que hacían con el dinero público; además de auditorías periódicas. Ahora, las cosas pueden cambiar.
Fuente: Sin Embargo