El relator sobre la Tortura de la ONU, Juan Méndez, consideró que la disculpa pública expresada por el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda y el comisionado de Seguridad Pública, Renato Sales, tras la divulgación de actos de tortura cometidos por personal militar y de la Policía Federal, es válida “si eso significa un cambio de actitud”.
De visita en México para analizar la iniciativa de Ley General contra la Tortura, Méndez dio una conferencia de prensa acompañado de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña.
Cuestionado sobre las disculpas ofrecidas por los funcionarios tras el video difundido en redes sociales en el que se observó a personal castrense y de la PF torturando a una mujer –y que más tarde se supo que correspondía a hechos ocurridos en febrero de 2015 en una comunidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero–, el representante de la ONU dijo no conocer más allá de lo difundido en la televisión.
Sin embargo, calificó las intervenciones de Cienfuegos y Sales como algo “importante (…) si eso significa un cambio de actitud hacia la investigación real de todos los delitos parecidos”.
Luego de que el año pasado fue blanco de fuertes denostaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto tras indicar en un informe que en México “la tortura es generalizada”, Juan Méndez apuntó que la actitud de los funcionarios es relevante aunque “se haga cuando la evidencia en un video es tan clara que no hay más remedio”.
No obstante, consideró que esa misma posición debería prevalecer “con respecto a otros casos de tortura que a lo mejor no están bien demostrados y, por lo tanto, no están en la conciencia pública”.
El relator insistió en que es “un paso al frente, un paso importante que se haga una declaración pública de pedido de disculpas”.
De origen argentino, víctima de tortura y detención arbitraria durante la dictadura militar así como exiliado político, Méndez sostuvo que de acuerdo con el derecho internacional es inadmisible alegar la obediencia debida por parte de elementos castrenses para justificar actos de malos tratos o tortura.
“El derecho internacional establece con mucha claridad que la obediencia a órdenes para cometer violaciones a derechos humanos no es una defensa aceptable en cuanto al derecho penal”, dijo.
Ante los señalamientos de que la propuesta presidencial sobre la Ley General contra la Tortura exculpa a los mandos militares o policiales que ordenan a sus subalternos cometer ese delito, el relator de la ONU insistió:
“Independientemente de lo que diga una ley general o lo que diga el derecho interno, la persona que recibe una orden de tortura, que está recibiendo una orden manifiesta, tiene la obligación de desobedecerla y la ley tiene que proteger a la persona que desobedece no al superior que da la orden”.
En cuanto a las disculpas públicas de los altos funcionarios del gobierno de Peña Nieto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, consideró indispensable que la Procuraduría General de la República (PGR) debe terminar de integrar la averiguación previa contra los militares y policías federales que participaron en los actos de tortura.
Al señalar que no bastan las sanciones en el ámbito militar, González Pérez aseguró que el organismo público solicitó informes tanto a la PGR como a la Sedena del avance de las actuaciones para sancionar a los infractores, en tanto que contactó a la víctima para aplicarle exámenes médicos y psicológicos para certificar la tortura.
Proceso