El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) comparó la pretensión del gobierno chihuahuense con el intento de la Procuraduría General de la República (PGR) de imponer una “verdad histórica” en el basurero de Cocula en torno al caso Ayotzinapa.
Lucha Castro, titular de esta organización civil, explicó que actualmente Cuauhtémoc y Ayotzinapa son dos casos emblemáticos de la desaparición forzada en México y para dar presuntas soluciones a los problemas, que ya tienen una dimensión internacional, recurren al mismo método, el cual es inventar una solución artifical.
Desde el año pasado se encuentra pendiente el cumplimiento de un peritaje forense para la identificación de restos en la zona occidente, donde las familias demandan que los peritajes de identificación sean realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), sin embargo la Fiscalía está buscando que un laboratorio estadounidense efectúe la identificación sin participación del equipo.
En el medio nacional La Jornada se detalla que el gran depósito de osamentas encontrados en tres regiones de la zona occidente del estado de Chihuahua podrían tratarse de centros de exterminio y cremación, en donde terminaron cientos de personas que a principios de la década fueron secuestrados en la región, durante la confrontación entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa.
Las fosas fueron encontradas en Rancho Dolores, cerca de la cabecera municipal, descubierto en octubre del 2011; otra en Rancho El Mortero, en el municipio vecino de Cusihuiriachi, hallada un mes después y una tercera en la brecha El Porvenir, en el municipio de Carichí, encontrada en junio del 2014.
Respuesta de la Fiscalía
Las discordancias que han tenido el Equipo de Argentino de Antropólogas Forenses (EAAF) con la Fiscalía General del Estado se encuentran en la solicitud de los peritos extranjeros para acceder a todas las carpetas de investigación de los restos encontrados en fosas clandestinas de la zona occidente y en la petición de informar sobre los resultados a las familias.
Estas peticiones se encuentran prohibidas por la ley, según informó el fiscal general del estado, Jorge Enrique González Nicolás, quien detalló que la identificación de los cuerpos no puede continuar frenada y para esto se ha logrado que el 90 por ciento de las víctimas hayan firmado para que los restos se analicen en un laboratorio de Estados Unidos.
González Nicolás manifestó que por la falta de tiempo del grupo especializado extranjero y después de un año y medio de espera, se contactó con la confederación de Procuradores en Estados Unidos para que se patrocinara los trabajos y en el laboratorio se trabajara en la investigación de las muestras, ya que deben continuar las investigaciones.
“La Fiscalía se ha dado a la tarea de buscar otras posibilidades, no nos ponemos de acuerdo en tres cosas, una de estas es que pretenden tener acceso total a las carpetas de investigación, lo cual está prohibido por la ley y otra es que quieren informar directamente a las familias sobre los resultados y eso también está prohibido”, manifestó el fiscal general.