Chihuahua entidad figura como una de las entidades que arrojó a más personas de sus casas por la violencia que se vivió en el sexenio de Felipe Calderon
En México el número de personas desplazadas por la inseguridad asciende a 281 mil, la mayoría en un periodo que abarca de 2009 a diciembre 2014; incluye a 30 mil movidos a raíz del levantamiento zapatista en Chiapas, en 1994, además de los acosados por intolerancia religiosa, concluye Laura Rubio Díaz Leal, autora del libro
Desplazamiento inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana, quien anota que la cifra puede ser “mucho mayor” —de 1.6 millones— pero en algunas regiones del país la autocensura en la prensa impide llevar un conteo.
La profesora–investigadora de tiempo completo en el Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, desde 2006, dice que la autocensura en estados como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz “nos indica que la mayor parte de los desplazamientos masivos —de más de diez familias— no se reportan en la prensa por miedo o amenazas directas a los principales diarios locales”.
La mayoría de los desplazamientos son graduales, precisa Rubio Díaz Leal, y si se toman en cuenta los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013, Envipe, donde el resultado de la muestra es que 1.4 por ciento se vio obligado a mudar su lugar de residencia por inseguridad, “podríamos estar hablando de 1.6 millones de personas desplazadas”.
Y sin embargo aún no existe un diagnóstico “cuantitativo desagregado que nos permita saber los lugares de expulsión y los lugares de acogida”, aclara la doctora en Historia, por la Universidad de Manchester-Reino Unido, con especialidad en migración forzada.
“Lo importante de un diagnóstico cuantitativo desagregado —por municipio, edad y sexo— es poder llevar a cabo un trabajo cualitativo en los lugares de acogida para determinar las necesidades de atención y protección”.
Un diagnóstico cuantitativo de esta naturaleza solo puede llevarlo a cabo el Inegi, pero “después de varias solicitudes se ha negado a hacerlo”, deja ver la también consultora externa del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados y de Refugees International, así como cofundadora del área de desplazamiento interno dentro de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, desde la que ya se implementa un programa de atención y asistencia a comunidades desplazadas por la violencia en México.
“Tenemos cientos de miles de personas vulnerables y viviendo en condiciones tremendas de indefensión y marginación en más de 10 estados de la República”, asegura la académica, a quien se le pidió actualizar datos de su libro, impreso en noviembre de 2014.
“Nosotros tenemos evidencia de esto por trabajo cualitativo que hemos realizado en Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Distrito Federal, Durango, Chihuahua, Aguascalientes”.
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El mayor número de desplazamiento forzado, anota Rubio Díaz-Leal en la primera parte del libro, surge durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, de 2006 a 2012, producto de su estrategia de seguridad, que contribuyó a intensificar la violencia, la cual se basó en una política de enfrentamiento abierto en el uso de operativos conjuntos, que recrudeció la lucha entre cárteles de la droga y el surgimiento de pequeños grupos que incursionan en diversas actividades criminales.
La autora de varios artículos sobre migración forzada y desplazamiento interno forzado, particularmente el producido por la violencia, señala que “en este escenario, extorsión, amenazas, cobro de cuotas de piso, asaltos y robos, desalojos arbitrarios, así como corrupción e impunidad, desesperanza e impotencia, han sido todas causas de desplazamiento interno forzado”.
En este sentido, “el desplazamiento interno en México ha sido tanto un recurso reactivo, como preventivo”, destaca la investigadora, en su libro de casi 200 páginas, de amplio tamaño, con la colaboración de Daniela Bachi y la presentación de Elizabeth Ferris, quien de entrada cita palabras de Kofi Annan, secretario general de la ONU, pronunciadas hace 15 años: “El desplazamiento interno está emergiendo como una de las grandes tragedias humanas de nuestro tiempo”.
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Casi la mitad de la investigación está dedicada a México, acompañada de fotografías, gráficas y testimonios.
En la tercera página del capítulo quinto, titulado Los rostros del desplazamiento interno forzado en México, aparece un mapa donde los estados donde se da el fenómeno están coloreados de azul: Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
En la primera parte, Rubio comenta que “México padece un complejo fenómeno de desplazamiento interno forzado desde la década de los 70, ocasionado fundamentalmente por intolerancia religiosa (entre católicos y minorías de indígenas protestantes), conflictos comunales, así como disputas por tierras y recursos naturales en algunos estados como Nayarit, Hidalgo y Oaxaca, además de Guerrero y Chiapas”.
En los años 90, estos problemas se combinaron con la creciente inseguridad y conflictos en los que intervinieron el Ejército mexicano y las policías locales, desplazando a miles de personas.
Y fue en 1994, cuando “el levantamiento zapatista en Chiapas originó un desplazamiento sin precedentes en el país y se estima que, al día de hoy, más de 30 mil personas se encuentran en condición de desplazamiento interno forzado prolongado, lo cual quiere decir que 20 años después, no se han encontrado soluciones verdaderas para los desplazados chiapanecos…”.
Veinte años después, añade, se suma el desplazamiento ocasionado por la estrategia de seguridad, “que contribuyó a intensificar la violencia, la cual se basó en una política de enfrentamiento abierto en el uso de operativos conjuntos, en los que participaron el Ejército mexicano, la Marina nacional y las policías locales a partir de finales de 2007 e inicios de 2008. En segundo lugar, el recrudecimiento de la lucha por rutas de distribución de drogas entre cárteles”.
Todo eso fragmentó a los cárteles, según análisis de la doctora Díaz-Leal, y generó la proliferación de grupos delictivos más pequeños con divisiones internas y luchando entre sí “por el control de territorio e influencia a lo largo y ancho del país”.
Mientras tanto, destaca la investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, “los cárteles más grandes mantienen el control del tráfico transnacional de drogas, estos nuevos actores más pequeños concentran su actividad criminal en otros delitos, como la extorsión, el cobro de cuotas de piso (protección ilegal), secuestros, distribución y ventas de droga en el mercado local, estableciendo una presencia en casi todo el país.
Como consecuencia, la tasa de homicidios pasó de 8 a 18 por cada 100 mil habitantes en todo el territorio nacional, en los estados más violentos alcanzó 20 por cada 100 mil habitantes y la ciudad más violenta, Ciudad Juárez, hasta 108.5.
Las violaciones a los derechos humanos, asimismo, se hicieron sistemáticas; además, “miles han muerto en fuego cruzado o como víctimas directas del crimen organizado, creando un clima de inseguridad”.
Con información de Milenio