Pese a que el gobierno de Enrique Peña Nieto sostiene que no dialogará con la CNTE por presuntamente violar la ley y rechazar la reforma educativa, unas 72 organizaciones civiles manifestaron su preocupación ante esa política de “oídos sordos” y que sólo busca crear condiciones para una salida represiva.
En un pronunciamiento, las ONG consideran que la negativa del gobierno estatal para dialogar con integrantes de la sección 22 de la CNTE y el envío de mil 200 policías federales son una renuncia explícita a la vía de la concertación pacífica para el abordaje de la protesta social.
Hicieron hincapié en que “la respuesta del Estado mexicano violenta los derechos humanos y las garantías constitucionales de audiencia de los trabajadores de la educación, quienes han planteado la petición formal de la instalación de la mesa de diálogo, (y) la respuesta del gobierno no corresponde al discurso oficial que ha reiterado hasta la saciedad, de generar una educación de calidad, así, su respuesta tampoco es de calidad”.
Al contrario, “la llegada de cada vez más agentes de la Policía Federal a la ciudad de Oaxaca hace evidente que las autoridades del estado y del país apuestan por una salida violenta, por la represión a un movimiento que de manera legítima utiliza las libertades supremas de asociación y de manifestación para oponerse a un proyecto de nación con el que no se está de acuerdo”.
Además, mencionaron que el rechazo a la mal llamada “reforma educativa” es compartido por diversos sectores de la población mexicana, principalmente debido a que su contenido no es educativo sino administrativo, pues se limita a regular la relación laboral entre el Estado-patrón y el personal del sector, además de que deja a éste en condiciones mucho más desventajosas que al resto de los trabajadores del gobierno.
Desde el Espacio Civil de Oaxaca calificaron de “inaceptable el rechazo gubernamental al diálogo con las y los maestros, y nos oponemos de manera franca a la búsqueda de criminalizar la disidencia, al abordaje policiaco de un problema político, a que se repriman de manera violenta la divergencia y el ejercicio legítimo de la manifestación en defensa de los derechos laborales de trabajadores de la educación, y del derecho humano a la educación de la niñez de Oaxaca”.
Además, los centros para los Derechos de la Mujer Naaxwiin, Bartolomé Carrasco Briseño, Tepeyac, Gobixha, Código DH, Servicios para una Educación Alternativa, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad hicieron un llamado a la sección 22 para evitar caer en las provocaciones a la violencia y la confrontación.
Y es que “el gobierno espera ese pretexto para aniquilar al movimiento magisterial disidente, principal referente de resistencia en el país frente a las llamadas reformas estructurales, que implican la entrega del país y de sus recursos a los grandes capitales transnacionales”.
Por su parte, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, aseveró hoy que la reforma educativa no tiene marcha atrás ni está a discusión, por consiguiente esta semana inician las notificaciones a maestros que serán despedidos por participar en el paro magisterial.
A su vez, el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Moisés Robles Cruz, pidió a los padres de familia, así como a las autoridades municipales, de abstenerse de firmar algún documento que avale inasistencias injustificadas de docentes, pues “no pueden ser obligados a firmar justificantes de inasistencia a maestros faltistas”.
Por su parte, la sección 22 del SNTE-CNTE cumplió ocho días de movilizaciones sindicales con la suspensión de clases y actividades laborales.
A su “menú de acciones”, que van desde marchas hasta bloqueos a dependencias gubernamentales, se sumaron actividades de apoyo de padres de familia en el Istmo, la Mixteca y Valles Centrales.
Proceso