El aumento de empleos en México que reportan cifras oficiales sólo se concentran en los niveles salariales más bajos, agudizando la precariedad del mercado laboral y poniendo en riesgo la permanencia de la dinámica del consumo, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su análisis: “Más ocupación con menores ingresos”, el CEESP señaló que basarse en la evolución del número de registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para afirmar que las condiciones del mercado laboral han mejorado, no es suficiente puesto que esta variable no es un buen indicador ni de la evolución real de la ocupación ni de las necesidades que tiene el país en materia de empleo.
“Es cierto que el aumento de la población ocupada ha venido incidiendo positivamente en el dinamismo que mantiene el consumo desde el año pasado. Sin embargo, no sólo es indispensable ampliar la ocupación, sino mejorar las condiciones laborales de tal manera que haya más puestos de trabajo mejor remunerados”, destacó el análisis.
En los últimos tres años, las cifras indican que el número de registro al IMSS ha mantenido un ritmo de crecimiento superior al de la economía, cuando en años anteriores la evolución de estas dos variables era muy parecida.
De acuerdo con datos oficiales, durante el periodo 2000-2012, tanto la tasa promedio de crecimiento de los registros de trabajadores afiliados al IMSS como del Producto Interno Bruto (PIB), fue de 2.4 por ciento, mientras que de 2013 al primer trimestre de 2016, las tasas de crecimiento promedio fueron de 3.7 por ciento y 2.1 por ciento, respectivamente.
El organismo de investigación y análisis del sector privado, mencionó que este atípico comportamiento responde al efecto del Programa de Formalización del Empleo que inciso en 2013, “por lo que se puede intuir que no todos estos registros corresponden a nuevos puestos de trabajo , ya que buena parte de ellos integra a trabajadores que ya estaban ocupados y que simplemente se incluyeron en los registros de seguridad social”.
Las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que del primer trimestre de 2015 al mismo periodo de 2016, el total de ocupados en el país que cuentan con acceso a seguridad social aumentó en 361 mil personas, mientras que las cifras del IMSS reportan en el mismo periodo un aumento de 617 mil registros.
De acuerdo con el CEESP, este contraste en las cifras indica que buena parte de los empleos reportados por el IMSS ya estaban ocupados y sólo se registraron en seguridad social.
El Centro detalló que las necesidades del país van más allá de reducir al máximo el número de desempleados, que al cierre del primer trimestre de 2016 sumaron 2 millones 140 mil 20 personas, 61 mil 758 menos que el año pasado.
Añadió que se debe considerar que dentro de la ocupación también hace afta la necesidad de más empleos de jornadas completas. “Esto se refleja en los 4 millones 36 mil 186 de personas subocupadas, que además de ser un buen indicador de la precariedad del mercado laboral, es una segunda medida de los puestos de trabajo que requiere la población”.
El CEESP puntualizó que si ya los 6 millones 176 mil 206 personas que suman la desocupación y la subocupación es una cifra elevada de los requerimientos que se tienen en materia de empleo, el bajo crecimiento de la economía ha agudizado la imposibilidad de conseguir un empleo, independientemente si es formal o no.
“Esto ha llevado a un número considerable de personas a desistir de la búsqueda de un trabajo por considerar que no tenían la oportunidad para ello”, destacó el documento.
Las cifras del Inegi revelan que en esta condición se encuentra un total de 6 millones 36 mil 176 personas.
“Al sumar todas estas cifras se tiene que la brecha laboral fue de 12 millones 185 mil 704 en el primer trimestre de 2016”, explicó el CEESP.
En el primer trimestre de este año, la población ocupada total del país sumó 50 millones 778 mil 629 personas, un aumento de 972 mil 565 ocupados respecto al mismo periodo del año pasado.
No obstante, recalcó el CEESP, “el aumento en la demande de empleo ha propiciado una disminución de los salarios que se ofrecen, por lo que la necesidad de la población la lleva a aceptar empleos mal pagados”.
El análisis describió que el total de ocupados reportados en el último año (2015), 1 millón 237 mil 127 personas se ocuparon con ingresos de hasta un salario mínimo y 1 millón 222 mil 635 lograron ingresos de más de uno y hasta dos salarios mínimos.
Quienes consiguieron colocarse con ingresos de más de dos y hasta tres salarios mínimos sólo fueron 308 mil 189 personas, mientras que el universo de personas que perciben ingresos superiores a tres salarios mínimos se redujo en 1 millón 405 mil 436.
“Este proceso de prevaricación no es nuevo, pero se agudizó en los últimos tres años”, dijo el CEESP.
De acuerdo con cifras de la ENOE, de 2008 a 2012, el número de ocupados con ingresos de hasta tres salarios mínimos aumentó en 3 millones 904 mil 60 personas, mientras que los ocupados con ingresos superiores a los tres salarios mínimos se redujeron en 2 millones 344 mil 840.
Sin embargo, de 2013 al primer trimestre de 2016, el primer grupo mencionado tuvo un aumento adicional de 3 millones 811 mil 485 ocupados, en tanto, el segundo segmento tuvo una pérdida de 2 millones 9 mil 509 personas.
De mantenerse esa tendencia en el mercado laboral, alertó el CEESP, es probable que en el mediano plazo disminuya el dinamismo del consumo, reduciendo la posibilidad de un mayor ritmo de avance de la economía en los próximos años.
El organismo de investigación y análisis del sector privado destacó que el bajo crecimiento económico, la ausencia de Estado de Derecho, corrupción, impunidad, inseguridad y exceso de regulación, limitan la posibilidad de un entorno más amigable para los negocios, lo que dificulta la generación de empleos de calidad.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha alertado con insistencia sobre el peligro que conlleva la incapacidad de los gobiernos mexicanos para generar empleos suficientes y de calidad, ya que el no hacerlo refuerza la cadena de pobreza y marginalidad que orilla a buscar en la informalidad el empleo que el Estado no puede garantizar.