Una persona fue asesinada cada 28 minutos en México el año pasado. Cada día se registraron cinco secuestros, aunque la cifra real podría ser 100 veces mayor. Cada 30 segundos ocurrió un robo con violencia y un robo de vehículo.
Lo anterior se desprende de las averiguaciones previas abiertas por los delitos de mayor impacto, que las autoridades mexicanas abrieron en 2015, y que recopiló el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en un amplio informe publicado hoy.
Según este estudio, por primera vez desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, el país sufrió una alza en la tasa de homicidio doloso: las 18 mil 650 víctimas de asesinato registradas por las autoridades en 2015 fueron superiores en un 6.54% a las registradas en 2014.
Algunos estados, como Morelos, Guerreo, Colima, Puebla y Baja California Sur, sufrieron incrementos más brutales todavía: desde 33% para Guerrero hasta 108.33% en Baja California Sur.
Con 106 averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso por cada cien mil habitantes en 2015, Acapulco rebasó diez veces la tasa de 10 por 100 mil homicidios dolosos, límite a partir del cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que existe una epidemia de violencia. En la ciudad porteña se abrieron 902 averiguaciones previas por homicidio doloso.
Zona centro, la más violenta
Cuatro de cada diez asesinatos sucedieron en la región Centro, que agrupa la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala –y concentra 41 millones 500 mil personas–. Y no sólo esto: ahí ocurrió el 37.10% de los secuestros, el 38.11% de las extorsiones, el 50.21% de robos con violencia y 47.54% de robos de vehículos.
Ecatepec, el municipio mexiquense ubicado en la periferia de la Ciudad de México, concentró el 16% de los robos de vehículos a nivel nacional. Se colocó en el cuarto lugar nacional en materia de homicidios dolosos y secuestro y resultó la ciudad con mayor robo con violencia y robo de vehículo, también con violencia.
“2015 fue un año en donde la sociedad mexicana continuó resintiendo los efectos de la falta de seguridad, del ejercicio sistemático de la violencia, la ausencia de un Estado de derecho y la violación de los derechos humanos”, sostuvo el ONC.
Entre otros, la organización mencionó las ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán y Tanhuato; las dos mil 420 averiguaciones en trámite por tortura; el descubrimiento de fosas clandestinas en estados como Guerrero, Veracruz y Michoacán; el “grave problema de las desapariciones y desapariciones forzadas en el país”; el disparo del 21.8% de agresiones contra la prensa en comparación con 2014 –con 397 casos registrados por Artículo 19—o el asesinato de siete periodistas.
Bajan delitos pero 92% no denuncian
Al revisar la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), el ONC determinó que en 2015 se redujo el número de averiguaciones previas abiertas por cinco de los seis delitos de mayor impacto –homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de vehículo–.
Sin embargo, advirtió que “podríamos tener la tentación de pensar que hemos logrado dar la vuelta a la problemática nacional”, al precisar: “Son disminuciones que se derivan de importantes inconsistencias, de modificaciones de la información y debilidades de los propios de sistematización y registro de las instituciones de procuración de justicia”.
Y precisó que los datos sobre delitos del SENSP apenas representan la punta del iceberg, pues el 92% de los delitos no se reportan en el país y “una importante proporción (de denuncias) no fue clasificada correctamente o su registro fue modificado sin explicación alguna por parte de las autoridades”.
En conferencia de prensa, Fernando Rivas, director general del ONC lamentó que las autoridades del Estado de México se negaron a colaborar con la sociedad civil para transparentar sus procesos de registro, pese a que impera en la entidad una cifra negra por no reporte de delitos del 93.64%.
Además, insistió que el ONC reportó 11 mil 278 modificaciones a las bases de datos oficiales entre marzo de 2015 y febrero de 2016, las cuales “pueden ocultar cambios a nivel estatal”, donde las procuradurías suelen ser más opacas.
Secuestro subestimado
En 2015 se registraron mil 306 víctimas de secuestro, una cifra inferior en un 29% a la de 2014. Sin embargo, el ONC señaló que este delito es uno de los menos denunciado en el país, y planteó que durante tres años sucesivos –2012, 2013 y 2014– la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad (ENVIP) contabilizó más 100 mil secuestros.
En cifras reales el Estado de México resultó la entidad con mayor cantidad de secuestros registrados, con 477 víctimas reconocidas por las autoridades el año pasado.
En Tamaulipas se reportaron 377 víctimas en las averiguaciones previas –lo que resulta en una tasa 645% superior a la nacional–, mientras la ciudad fronteriza de Reynosa reportó 29.8 averiguaciones previas abiertas por cada cien mil habitantes.
El ONC recordó que Tamaulipas fue el último paradero de uno de cada cinco desaparecidos en el país, de los 26 mil 600 que reconocen las autoridades; tres mil 637 desaparecieron en las ciudades Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo; tres ciudades colindantes con la frontera estadunidense.
Y subrayó que tan sólo tres estados, Tamaulipas, el Estado de México y Veracruz, acumularon el 46.49% de los secuestros registrados en el país el año pasado.
En materia de homicidio culposo; es decir, que el homicida no tenía la intención de matar a la víctima, las autoridades registraron 17 mil 476 víctimas en 2015, una cifra inferior en un 7.17% a la de 2014. Sin embargo, el ONC lleva años señalando que las autoridades registran el 80% de las averiguaciones previas por homicidio culposo bajo la categoría “otros”.
La organización detectó la misma tendencia a la baja para el delito de extorsión, con cinco mil 266 víctimas registradas en 2015, inferior en un 15% en comparación con 2014. Con 188 averiguaciones previas abiertas, Monterrey se convirtió en la segunda ciudad con mayor número de extorsiones del país.
Militarización, un fracaso
En línea con los informes que documentaron el fracaso de la militarización de la seguridad pública, publicados recientemente tanto por organismos internacionales –la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo–, como por organizaciones no gubernamentales, el ONC recomendó “dejar de privilegiar el uso de la fuerza del Estado para el combate a la inseguridad y la violencia en el país”.
“El proyecto de enfrentar la violencia con más violencia no está dejando los resultados esperados”, sentenció.
Según la organización, el incremento del número de homicidios “evidencia ciertas fallas o debilidades de las instituciones del Estado no solo para controlar el territorio nacional evidentemente disputado por los grupos criminales sino para garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales de la población”.
Según el informe, la tasa de averiguaciones previas abiertas por el delito de homicidio doloso se incrementó entre 2006 y 2015.
En 2006, las autoridades mexicanas abrieron 10.89 averiguaciones previas por cada cien mil habitantes. Oaxaca era el estado más violento del país en términos de asesinatos, con 28.69 averiguaciones previas abiertas por cada cien mil habitantes. Le seguían Guerrero, Sinaloa y el Estado de México, con tasas de 25.17, 22.12 y 19.08 por cada cien mil habitantes.
Nueve años más tarde, la tasa de averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso se elevó a 14.06 por cada cien mil habitantes. En Guerrero, la tasa de asesinatos registrados se elevó a 56.50 por cada cien mil; y le siguen Sinaloa, Morelos y Chihuahua, con tasas respectivas de 33.27, 25.78 y 25.47 por cada cien mil habitantes.
“Con el cambio de estrategia de la política de seguridad en 2006 que permanece vigente actualmente, la conducta delictiva se ha extendido y/o intensificado en otras entidades que hace algunos años no presentaban problemas sobre este delito”, subrayó el ONC.
Entre sus recomendaciones, el ONC urgió las autoridades a atacar las condiciones estructurales que fomentan la violencia, entre ellas la pobreza, la desigualdad o la ausencia de un Estado de Derecho.
Proceso