Con sólo cuatro días de que venza el plazo para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia acusatorio, el Senado aprobó ayer en comisiones, y con modificaciones, la Miscelánea Penal, a fin de que hoy la apruebe el pleno y la devuelva a la Cámara de Diputados.
Después de ocho años de transición, el sábado empieza a operar plenamente el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en todo el territorio nacional, pero el Poder Legislativo lo colocó contra la pared, pues después de que la Miscelánea Penal salga del pleno del Senado, irá a comisiones de la Cámara de Diputados, y de ahí al pleno, para después mandarla al Ejecutivo federal, que éste la revise y la promulgue a tiempo; es decir, a más tardar el 17 de junio.
Ayer, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad, en lo general, los cambios a la minuta, y decidieron que será en el pleno donde se discutan las reservas presentadas por las perredistas Angélica de la Peña y Dolores Padierna, así como por los priistas Ivonne Álvarez y Miguel Romo.
Aunque desde hace unas semanas la Comisión de Justicia distribuyó un primer proyecto de dictamen, ayer se conoció otra versión, en la cual se añade un cambio más a los 10 ya pactados, para que se otorgue a la Secretaría de Hacienda el carácter de ofendido en los procesos sobre lavado de dinero.
“Para efectos de este Código (Nacional de Procedimientos Penales), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida respecto delito previsto en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal y en los demás casos que determinen las leyes”, dice.
Los senadores atendieron el reclamo de algunas organizaciones sociales que luchan contra los actos de tortura, pues eliminaron los cambios hechos por los diputados al artículo 149 del Código Nacional, que permitían a las policías presentar a los detenidos ante ministerios públicos distintos al lugar donde se cometieron los delitos.
En comisiones, el Senado coincidió con estas organizaciones civiles en que la adición al párrafo segundo del artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales que hizo la Cámara de Diputados no puede aprobarse.
La Cámara de Diputados dispuso la inclusión de que “no se considerará dilación indebida en la puesta a disposición de los detenidos cuando por cuestiones de seguridad o atendiendo las características del hecho investigado, se realice ante el Ministerio Público distinto al del lugar de la comisión de los hechos, siempre y cuando exista el registro inmediato de su detención y de su traslado”, lo cual es contrario a lo que establece el artículo 16 de la Constitución, explica el Senado.
La Carta Magna dice que “cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana a ésta y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención”.