En el Senado quieren que se castigue con cárcel la práctica de diputados federales y estatales de pedir una tajada económica a alcaldes u otros actores políticos y sociales a cambio de asignar partidas del presupuesto federal, mejor conocido como “moche”, informó SDP.
Esa acción se considerará cohecho, del que se plantea una pena de hasta 14 años de cárcel, según lo aprobado por unanimidad en comisiones de la cámara alta los nuevos tipos penales en materia anticorrupción.
Los senadores también propusieron castigo hasta con 12 años de cárcel al particular que mienta sobre la riqueza que obtiene de las concesiones, contratos y permisos de explotación los bienes nacionales.
En tanto, con seis años de cárcel a los particulares que presuman o utilicen su cercanía con los servidores públicos para negociar con beneficios para sí o para otra persona.
Asimismo, se avaló inhabilitar hasta con 20 años a los servidores públicos y particulares corruptos e impedirles participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.