A dos meses de la explosión en el complejo petroquímico Pajaritos, con saldo de 32 muertos, la organización ambientalista Greenpeace dio a conocer el reporte de las sustancias tóxicas encontradas en lugar de los hechos, muchas de la cuales, subrayó, son clasificadas “como posibles cancerígenos”.
En un comunicado precisa que de las muestras tomadas y analizadas en sus Laboratorios de Investigación en la Universidad de Esex, Inglaterra, la que arrojó resultados más alarmantes de presencia de tóxicos tras la explosión es precisamente la del agua proveniente de una de las tuberías del complejo Pajaritos, que desecha decenas de químicos extremadamente tóxicos en el caudal del río Teapa.
“Encontramos sustancias sumamente tóxicas como etenos clorados, etanos clorados, y metanos clorados, así como bencenos clorados. Además, contiene una amplia gama de químicos orgánicos semivolátiles”.
De las distintas sustancias, el químico más predominante es el dicloruro de etileno (EDC, por sus siglas en inglés), sustancia catalogada como posible cancerígeno por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) y los servicios de salud de Estados Unidos.
Las concentraciones halladas de EDC, agrega, superan de 10 a 28 veces los límites que establece ese país (tres) respecto de las aguas residuales que vierte el sector de los plásticos.
Para Greenpeace México resulta indignante que apenas siete días después de la explosión de Pajaritos, Mexichem “parecía más preocupado en calmar a sus accionistas, que en tratar de remediar la tragedia originada en su complejo petroquímico”.
Por otro lado, apunta, resulta inexplicable que Petróleos Mexicanos (Pemex) diga desconocer información básica de sus operaciones de producción en el complejo siniestrado.
La respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también fue “decepcionante”. El 25 de abril, cinco días después de la explosión, Greenpeace México solicitó información pública mediante el sistema Infomex al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Preguntamos a Pemex, a la Semarnat, a Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) y a la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), entre otras cosas, si ya se habían tomado muestras representativas de agua, aire y suelo en las zonas aledañas a Pajaritos. Solicitamos dichos reportes. Pedimos información sobre el plan de monitoreo dentro y fuera de las instalaciones donde se suscitó la explosión (muestras agua, suelo y agua), solicitamos información sobre la condición de los trabajadores, sobre las personas que atendieron el accidente y la población vecina. Pedimos conocer con exactitud qué sustancias se fugaron para causar la explosión, pedimos saber si había algún antecedente de fugas en el complejo y con qué sustancias se estaba trabajando exactamente cuando ocurrió el estallido.
“Fuimos ignorados. Pemex argumentó el 20 de mayo la supuesta ‘inexistencia de la información solicitada’. La Semarnat dijo que ‘no era su competencia’. Profepa y Cofepris pidieron una prórroga que vence precisamente mañana (martes 21). Esperamos que cumplan con su palabra”.
El 29 de mayo la Profepa dijo que recibió un reporte de Mexichem sobre lo sucedido. Sin embargo, este reporte no se hizo público, subraya la organización ambientalista. Y cuestiona: ¿Cuáles fueron las sustancias químicas peligrosas liberadas al ambiente y la población? ¿Cuáles serán las sanciones para Pemex y Mexichem? Y quizá otra de las incógnitas que la Profepa podría resolver: ¿Quiénes eran los encargados de supervisar/verificar el funcionamiento de Pajaritos? ¿Se está encubriendo a alguien en ese sentido?
Es por estas razones, y por la falta de transparencia de las autoridades federales (Semarnat, Profepa, Conagua), estatales y municipales, así como de Pemex y de Mexichem, que desde Greenpeace México “exigimos acciones claras y contundentes en el corto y mediano plazo a los citados actores”, apunta en su comunicado.
En el corto plazo Greenpeace demanda sanciones ejemplares contra la paraestatal y Mexichem debido a las lamentables pérdidas humanas y a los graves daños causados a la comunidad y al medio ambiente, así como a quien resulte responsable de la verificación del funcionamiento de este complejo.
Pemex y Mexichem, apunta, deben financiar y asignar recursos suficientes para indemnizar a las familias de los fallecidos y brindar atención médica a largo plazo a los afectados, así como resarcir el daño ambiental.
“Exigimos al gobierno federal y a PMV (Petroquímica Mexicana de Vinilo) dar a conocer ya el plan de remediación y estudios pertinentes para conocer qué sucedió, qué impacto tendrá en el entorno, de qué forma se reparará el daño al medio ambiente.
“En nombre del derecho a la información. PMV debe informar a la sociedad cuáles son las sustancias que maneja en sus instalaciones, cuáles fueron liberadas durante la explosión y en qué cantidad están descargando cotidianamente en tierra, agua y aire de Coatzacoalcos”.
La Semarnat, añade, debe fortalecer la regulación del uso de sustancias químicas peligrosas en el país, ya que en México se permite el manejo de cientos de sustancias prohibidas en otros países del mundo, y vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente en el manejo de tóxicos.
El documento destaca que el obligatorio Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de México lleva ya casi tres años de retraso, por lo que el gobierno federal debe hacerlo público y con sanciones vinculantes a toda industria que se niegue a informar qué tipo de sustancias está liberando al medio ambiente.
Proceso