Indígenas mexicanos a RT: “No tenemos nada que festejar”

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en México “no hay nada que festejar”, se lamentan líderes indígenas ante RT. La violencia, la pobreza, la destrucción del medio ambiente y los intereses sobre sus territorios son una constante. Quienes se oponen a ello se enfrentan al hostigamiento, a la división de sus comunidades, al encarcelamiento y hasta a la muerte, denuncian.

RT habló con tres líderes indígenas, Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui de Sonora; José Luis Fernández, vocero del pueblo otomí-ñätho de Xochicuautla, en el Estado de México, y Pedro Chávez, integrante del Consejo Mayor de la comunidad p’urhépecha de Cherán, en Michoacán.  Los tres coinciden por separado en criticar la violencia que se ejerce en contra de sus comunidades y, especialmente, la violación a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y los tratados internacionales firmados por México que protegen a sus pueblos.

Por esta razón, ni Xochicuautla, ni Cherán, ni la Tribu Yaqui asistieron a la ceremonia programada por el presidente Enrique Peña Nieto en el Centro Ceremonial Mazahua, ubicado en el municipio de San Felipe del Progreso del Estado de México.

“Quienes festejan son aquellos que han mirado y codiciado nuestros territorios pretendiendo destruir nuestra cosmogonía. Aquellos que han considerado a la naturaleza como simple objeto de mercancía”, reza un comunicado del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, que aglutina a comunidades como Xochicuautla, afectadas por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan en sus bosques, ubicados a una hora de Ciudad de México.

Por su parte, en el Centro Ceremonial Mazahua, Peña Nieto anunció que, como nunca antes en México, el Gobierno destina recursos “para apoyar” a los pueblos indígenas. Asimismo, habló del Programa de infraestructura indígena, con una inversión total de 21.500 millones de pesos, destinado a llevar agua, drenaje y electricidad a las comunidades. Con el programa se construyeron 5.900 obras como ‘Casas para el niño indígena’ y comedores a los que acuden 75.000 niños y jóvenes indígenas del país.

Además, Peña anunció entregas de actas de nacimiento y la excarcelación de 4.100 indígenas presos. Detrás de él aparecieron sentados los jóvenes triquis que ganaron la Copa Barcelona de Basquetbol 2015 y una banda de música mixe. “Tienen a un aliado en el presidente de la república”, dijo Peña Nieto.

Pobreza e inequidad

Sin embargo, un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) realizado por el doсtor Guillermo de la Peña concluye que el racismo y la exclusión prevalecen en el país.

De acuerdo con el CIESAS, en México existen 18 millones de personas consideradas indígenas, lo que representa el 15% de la población nacional. Y de esos 18 millones, el 80% vive en condiciones de pobreza y el 30% en pobreza extrema.

El sitio Expansión recoge cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que muestran la inequidad que sufren los pueblos indígenas, y concluye que solo el 7% de la población mestiza vive en pobreza extrema. El Coneval también estima que el 40% de los indígenas sufre carencias alimenticias.

Además, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las cárceles mexicanas hay 8.334 indígenas, muchos de los cuales nunca tuvieron un intérprete, desconociendo algunos el motivo de su encarcelamiento.

Guillermo de la Peña, que trabaja en el proyecto Diversidad Cultural, la Desigualdad Social y los Derechos de Ciudadanía, critica tajantemente que desde la revolución mexicana “los indígenas tenían que convertirse en mestizos para ser verdaderos mexicanos”.

Los otomíes de Xochicuautla y la autopista concesionada a un amigo del presidente

“Nadie debe quedar excluido del desarrollo nacional”, proclamó Peña en el Centro Ceremonial Mazahua.

Sin embargo, es este modelo de desarrollo el que, precisamente, genera conflictos en varias comunidades. El 17% de los territorios indígenas tiene alguna concesión minera, de acuerdo con el diario Milenio. Estas concesiones han generado división y resistencia en algunas comunidades, como el pueblo náhuatl de Zacualpan, en Colima, que acaba de ganar un amparo para que le fueran reconocidas sus autoridades comunales.

“Los pueblos indígenas no tenemos nada que festejar, estamos exigiendo, luchando y vinculándonos para hacer frente a lo que los gobiernos y empresas hacen con nosotros”, subraya el vocero otomí José Luis Fernández.

Zacualpan, Xochicuautla y la Tribu Yaqui tienen tres de los cientos de conflictos ambientales que hay en México. Victor Toledo, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, dijo en febrero en declaraciones al diario La Jornada que en México la cifra de 200 conflictos registrados en 2015, podría elevarse un 50% en 2016. Según él, la mayor parte de estos conflictos se registran en comunidades indígenas.

Por ejemplo, el año pasado Peña Nieto visitó el municipio otomí de Temoaya, muy cercano a Xochicuautla, justo cuando este pueblo sufría la expropiación de 37-93-86 hectáreas para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, que fue concesionada al Grupo Higa, propiedad de Hinojosa Cantú, empresario estuvo en el centro de escándalo de la Casa Blanca de la esposa del presidente.

Desde entonces, los otomí-ñätho de Xochicuautla han sufrido la detención de más de 20 de sus habitantes en 2014 y 2015, el ingreso de cientos de policías a las asambleas de su comunidad, el derribo de casas para el paso del proyecto y la tala del bosque de toda el área expropiada mediante un decreto de Peña Nieto.

José Luis Fernández destaca que el lugar donde se reunirá Peña Nieto con integrantes de otras comunidades está muy cerca de Atlacomulco, lugar de nacimiento de mandatario. Sin embargo, el vocero otomí dice que la visita presidencial a estos lugares no significa un gran cambio.

“Van a tapar hasta el último bache. Van a arreglar todo, pero se va el presidente y la comunidad sigue igual. Eso es lo que hacen sus visitas. El presidente se va, y los rezagos quedan”, explica.

La Tribu Yaqui y la guerra por el agua

Si bien el Gobierno mexicano ha hecho diversas modificaciones a la Constitución para reconocer la autonomía jurídica, la igualdad de los idiomas y los derechos humanos de los pueblos indígenas, además de que ha firmado tratados como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Mario Luna, vocero yaqui, denuncia ante RT que lo firmado “sigue siendo letra muerta”.

Mario Luna, quien pasó un año en prisión injustamente, sostiene que “la intromisión del aparato del Estado en la vida de los pueblos” se da en todo México. “Se dan la facultad para decidir sobre el destino de los pueblos”, añade.

Luna detalla que eso ha generado que muchos pueblos no tengan las posibilidades de proponer su propio desarrollo. “Se la pasan con obras, proyectos y programas. Con sus reformas estructurales de lo que tratan es de repartirse nuestro territorio”, denuncia.

Los reductos de bosque, agua y minerales del país están en los asentamientos ancestrales de los pueblos indígenas, afirma el vocero yaqui.

Asimismo, la instalación de carreteras y energía en las comunidades no se realiza tanto para dotar de luz a los hogares indígenas, sino para congraciarse con los pueblos indígenas, sino para implementar después proyectos sin consultar con ellos, como el Acueducto Independencia, denuncia.

El Acueducto Independencia, inaugurado por el expresidente Felipe Calderón, es un tubo de 135 kilómetros con 270 tomas de agua que, supuestamente, iba a dotar de líquido a la capital de Sonora. El acueducto funciona desde 2013 a pesar de los 10 amparos contra su construcción y operación.

El pueblo Yaqui lleva siglos buscando su autonomía y el respeto a su territorio y recursos, relata Luna. Además denuncia que en pleno siglo XXI hay intentos de seguir recortando su territorio, reconocido por un decreto presidencial en 1940 que le otorga el 50 % del agua del Río Yaqui.

Sobre el festejo presidencial, Luna considera que “la forma de mostrar nuestro desacuerdo y nuestra inconformidad con estas manifestaciones de júbilo y poder es no participar y crear vías alternas para manifestar la realidad de los pueblos”.

Cherán y un modelo de desarrollo diferente

El pueblo p’urhépecha de Cherán, ubicado en la meseta de Michoacán, se hizo famoso en todo el país tras expulsar a talamontes coludidos con el crimen organizado que devastaban sus bosques. En 2011, Cherán logró conformar el primer gobierno por usos y costumbres en México reconocido por la Suprema Corte de Justicia.

Pedro Chávez, integrante del Consejo de Mayores, que hoy sustituye al gobierno municipal por partidos políticos, cuenta a RT que Cherán tuvo que recurrir a su modo ancestral de pensar “para salir del infierno”. Y es que su pueblo vivió encerrado por el crimen organizado, temeroso de salir a la calle. La respuesta fue una policía comunitaria y la expulsión de partidos políticos, coludidos con los talamontes.

“Seguimos enfrentando situaciones diarias que no alcanzan a entender personas las castellanizadas: permitirnos la libre determinación es abrir un nuevo modo de pensamiento, un desarrollo no a través de lo material sino respetar nuestra forma de vida”, explica.

Chávez también cuenta que el movimiento de su comunidad nació en defensa de los bosques, y derivó luego en la exigencia de aparición para las personas desaparecidos y justicia para los 18 asesinados.

Asevera que su cosmovisión es contraria al modelo económico imperante, basado en “la devastación y la pérdida de la condición humana”

Además, Chávez explica que su pueblo recibió una invitación al evento de Peña Nieto, pero que no asistieron porque tenían trabajo, si bien aeguran que no irán “a una actividad donde se ponen un traje que folcloriza nuestras culturas”.

“A pesar de ese acto, no hay justicia para las comunidades originarias”, sentencio.

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