Luego de que se diera a conocer la posibilidad de que el diputado federal Gustavo Madero interponga un recurso en contra de la titular del Congreso del Estado, Laura Domínguez y del Secretario de Asuntos Parlamentarios, Jorge Neaves por “mentir” al juez primero de Distrito respecto al destino de los 6 mil millones de pesos de la bursatilización, la legisladora indicó que Madero Muñoz se encuentra en su derecho de hacer lo que crea conveniente.
“Está en su derecho el señor diputado de hacer lo que él crea pertinente, el Congreso del Estado, en este caso sus representantes el licenciado Neaves y una servidora esperaremos lo que se maneja en columnas y nosotros con responsabilidad como lo hemos estado manejando daremos respuesta”, dijo en entrevista telefónica este lunes.
Al cuestionarle en su opinión qué es lo que pretende el Partido Acción Nacional con este nuevo juicio político dijo que lo desconoce y que el cuestionamiento es para ellos, pues el Congreso del Estado está a lo que los ciudadanos dicen y disponen.
Es de recordar que la semana pasada el gobernador electo, Javier Corral Jurado, emitió un comunicado de prensa en donde señala que el Congreso del Estado habría engañado al juez primero de distrito, Juan Trejo, en el destino que se le dará a los 6 mil millones de pesos que se pretenden obtener producto de la bursatilización.
Corral dijo: “Si son ciertas las declaraciones de los legisladores, contradicen el destino autorizado en el decreto para bursátilizar los excedentes de los ingresos carreteros lo que amerita que el secretario de Hacienda aclare ante el Congreso del estado, si no es como dicen los diputados, entonces dejan sin sustento la negación de la suspensión definitiva por parte del Primer Juzgado de Distrito; creo que el juez deberá valorar ahora dos cuestiones, si fue sorprendido con esos motivos, si lo engañaron, y sobre todo la inconstitucionalidad del acto: está absolutamente prohibido endeudarse para gasto corriente”.
En relación a la bursatilización dijo: “La información con la que contamos es que los recursos se destinarán, como se indica en el decreto de autorización por parte del Congreso del estado, a solventar obligaciones financieras que fueron contraídas durante los últimos meses”.