Senado, la Cámara de Diputados, la Fiscalía contra Delitos Electorales, el Consejo de la Judicatura, la Secretaría de Gobernación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se unirán para frenar, con leyes y decisiones judiciales y penales, la violencia política de género que sufren las mujeres, informó Excélsior.
Convocados por la senadora Diva Gastélum, los titulares de esas instancias asumieron ayer el compromiso de frenar ataques y descalificaciones contra las mujeres. Excélsior informó ayer que Raúl Valdivia, alcalde electo de Pachuca, perdió el cargo al comprobarse los ataques misóginos hacia su oponente priista.
Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), informó que en 2016 tiene documentados 103 casos de violencia política contra las mujeres, “donde no sólo se afecta a las mujeres de manera desproporcionada, sino se trata del menoscabo del ejercicio de los derechos político-electorales o del ejercicio de los cargos públicos.
“Se han iniciado las averiguaciones precias y las carpeta de investigación. Se ha logrado consignar ante jueces penales, y el Poder Judicial de la Federación ha librado autos de formal prisión y ha dictado sentencias condenatorias contra las personas que físicamente han generado dos tipos de conducta: la obstaculización del adecuado ejercicio de las tareas de funcionarios electorales, y actos de temor o intimidación a electores”.
El magistrado Constancio Carrasco Daza, titular del TEPJF, destacó que “la violencia política es nuestra barbarie en la consolidación democrática. Es una respuesta convulsa y una afrenta al gobierno democrático. Que en nuestros días la violencia se haya incrementado en política con tal normalidad, comprueban sus fines”.
Explicó que la violencia sistemática representa el mayor riesgo a la estabilidad de un país, pues coloca en tela de juicio la función esencial del Estado. Cuando la violencia se inscribe en el ámbito electoral, su impacto se trasmina en todos los órdenes de la vida pública y privada, cuya normalidad depende de un ambiente democrático, condicionado por el ejercicio libre y cabal de los derechos políticos”.
Alfonso Pérez Daza, del Consejo de la Judicatura Federal, mencionó diversas resoluciones judiciales que han permitido la protección de los derechos políticos de las mujeres y, en consecuencia, frenan los ímpetus de exclusión.
“Estas decisiones, entre muchas otras, muestran los esfuerzos que diariamente se realizan en el Poder Judicial para lograr el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres y combatir las acciones cuyo objeto es limitar, condicionar, excluir, impedir o incluso anular ese derecho”.
Lorena Cruz Sánchez, titular del Instituto Nacional de las Mujeres, comentó que después de la inclusión del principio de paridad, se hizo evidente que la violencia política por razones de género existe y es una problemática.
“Durante las recientes jornadas electorales tuvimos conocimiento del registro de mujeres en distritos perdedores; de la exigencia de los partidos para que firmaran renuncias en blanco antes de proponerlas como candidatas; de listas de candidaturas rechazadas por no respetar el principio de paridad; de obstáculos para que accedieran a recursos para las campañas, así como de candidatas que fueron hostigadas para intentar que abandonaran sus aspiraciones para participar en el proceso”, detalló.
El PAN de Hidalgo anunció que acudirá a la Sala Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para interponer un recurso de reconsideración, luego de que la Sala Regional de Toluca invalidó el triunfo de su candidato a alcalde, Raúl Valdivia, por misoginia.
En conferencia de prensa, Cornelio García Villanueva, vocero del Comité Directivo Estatal del PAN, y Rafael Sánchez, representante jurídico, negaron que el panista haya incurrido en cualquier acto de violencia política de género.
El especialista en derecho electoral, afirmó que el Tribunal Estatal Electoral cayó en una contradicción “porque, por un lado, decían que estaban acreditadas algunas pruebas, pero que no eran determinantes para anular la elección”.
Aún más, dijo, “no pasa inadvertido que el Tribunal responsable sostuvo que las pruebas aportadas sólo eran indicios y que, por ello, no eran suficientes para tener por acreditadas las irregularidades planteadas”.
Afirmó que el PRI presentó pruebas extemporáneas, sin la ampliación de demanda, por lo que todo esto fue fabricado. “Hay pruebas de imágenes contra la candidata del PRI y otra prueba de audio, pero ninguna que fuera hecha por el PAN”, explicó el especialista en derecho electoral.
Por separado, Érika Rodríguez Hernández, diputada federal del PRI por Hidalgo, calificó de histórica la decisión de anular la elección en San Felipe Orizatlán, porque marca un precedente para promover el respeto y la igualdad.