La Federación Mexicana de Colegios de Abogados, A.C., y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua, A.C.,exhortaron al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gabriel Sepúlveda Reyes, a fin de que la próxima elección de nuevos jueces en el estado de chihuahua se apegue a la transparencia, legitimación del proceso de selección, y certeza a los derechos humanos que goza toda persona, evitando en consecuencia la imposición de amigos y compromisos políticos.
Enriqeu Villalobos Lozano,
La presidenta de la Barra Mexicana y Colegio de Abogados, Mireya Borunda, emitió un posicionamiento en el que pidieron al TSJ que, tras la emisión de los lineamientos para la elección de nuevos jueces, se abra la convocatoria a abogados externos al poder judicial, quienes serán sometidos a las evaluaciones y procedimientos correspondientes para acreditar su elegibilidad como jueces.
Por ello, llamaron a que, dentro de la convocatoria se establezcan requisitos, criterios y plazos razonables para que cualquier abogado que cumpla con ellos, pueda acceder al cargo de juez, al tiempo que se rechazará cualquier mecanismo que entorpezca o pongan trabas a los profesionales capacitados que actualmente no pertenezcan al Tribunal Superior de Justicia.
Asimismo, solicitaron que el procedimiento esté abierto al escrutinio público, y que se invite a las barras y colegios para participar como entes revisores, para garantizar el respeto aql estado de derecho en la selección de las personas más capacitadas para dichos cargos y así elevar la credibilidad en la institución, misma que se ha visto puesta en tela de juicio.
Este posicionamiento surgió como una previsión para evitar una situación similar a que la se dio cuando se nombraron de manera dudosa a 13 magistrados del Tribunal, donde existe la incertidumbre que su actuar esté apegado a derecho ya que su designación se basó en cuotas, acuerdos políticos, amiguismos y compadrazgos y no en criterios jurídicos establecidos por la propia Ley Orgánica.
Fue este hecho el que motivó la presentación de un juicio de amparo sobre el nombramiento de magistrados, así como de una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ya emitió una alerta el miércoles de la semana pasada con motivo del proceso de designación de jueces.