En 2013, la dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Toluca cuando provenía en su jet privado de San Diego, California. El evento a todas luces aparentó una ruptura con el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Se cumplían 24 horas del envío al Congreso de la Unión de la propuesta del Ejecutivo para reformar la Educación en México. La mujer de la agrupación gremial más poderosa del país que incluso logró modificar los estatutos para permanecer como líder vitalicia era aprehendida.
Policías federales, elementos del Ejército Mexicano y la Marina Armada de México la esperaron al pie de esa aeronave en la que le dio la vuelta al mundo 17 veces en siete años. Había llegado el fin. Por lo menos en apariencia. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había detectado una operación de 2 mil millones de pesos en cuentas bancarias del sindicato. A “La Maestra”, la Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo Karam, le fincó cargos por evasión fiscal y lavado de dinero, un delito tipificado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
Dos años después y de acuerdo con los números, la separación de Elba Esther Gordillo Morales del sistema político mexicano no estaba, precisamente, hecha añicos. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) a cargo de Aristóteles Núñez en la cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conducida por Luis Videgaray Caso, le condonó 66 millones 668 mil 458 pesos a la empresa Servicios Financieros D.C. Cuando ese perdón financiero llegó, ella estaba en el Centro de Readaptación Social de Tepepan desde donde, se suponía, ya no era tan poderosa.
Una de las primeras declaraciones de los abogados de “La Maestra” tras la aprehensión, fue que sostendrían que el delito imputado a Elba Esther Gordillo Morales no estaba configurado pues los fondos utilizados no tenían origen ilícito. En efecto, buena parte del dinero de “La Maestra” no tenía un origen ilegal porque provino de las cuotas puntuales que los maestros le dieron cada mes al sindicato. Y también de sus ahorros.
Visto a través de sus agremiados, el SNTE es el sindicato más grande de América Latina. También, el más portentoso para hacer dinero. En México, el maestro es el único empleado gubernamental que puede desempeñarse y ganar sueldo en dos plazas. Así, la historia del sindicato es la de un manjar de influencia política, pero también de generación monetaria.
A tal panorama en el Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se sumó una circunstancia bastante favorable para hacer negocio dentro del SNTE: la creación de las sofomes. Fox Quesada encarnó al primer Mandatario que no había sido postulado por el Partido Revolucionario Institucional. Como Secretario de Hacienda, Fox –quien se propuso crear un “gabinetazo”, según sus propias palabras– nombró a Francisco Gil Díaz, un economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y con Maestría y Doctorado en la Universidad de Chicago.
Uno de los impulsos de Gil Díaz, como Secretario de Hacienda, fue la creación de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes). El proyecto consistió en impulsar la operación de intermediarios no bancarios que compitieran con los bancos y que lograran que el crédito incrementara su participación en la economía.
El proyecto le quitó la regulación a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) y las obligó a transformarse en Sofomes. Hay dos tipos de Sofomes las reguladas y las no reguladas.
Pero para la economía mexicana el modelo no salió bien.
Para 2010, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya advertían que de las mil 500 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (Sofomes ENR), 930 ponían en riesgo el dinero de los clientes.
Para el sindicato de maestros, el modelo fue muy exitoso. Elba Esther, al amasar su fortuna, actuó en ese escenario que conjuntaba maestros cautivos de crédito y sofomes sin regulación. “La Maestra” firmó convenios con por lo menos 22 dentro del sindicato. Acordó con todas intereses que iban de 60 a 160 por ciento, y entre la empresa prestamista, ella y otros líderes, se repartieron la comisión.
No sólo se benefició “La Maestra”. Algunos de los que aceptaron el convenio con la lideresa fueron Sergio Chedraui Eguía de Consupago, Juan Pablo Montiel (hijo de Arturo Montiel), Ernesto Zedillo junior y el extenista Olivier Fernández (Crédito Maestro). Otro beneficiario fue José Bernardo Quezada Salas, profesor, ex dirigente sindical y ex funcionario del Partido Nueva Alianza (Etesa, de Grupo Peredo).
The Miami Herald dio a conocer en abril de este año que Quezada Salas gastó con su esposa seis millones 300 mil dólares en la compra de 11 condominios de lujo en un edificio de la exclusiva zona de Brickkell, en Miami, en 2005, un año próspero dentro del sindicato para este negocio de préstamos con altas comisiones.
Según la investigación del diario, Quezada Salas podría haber pagado en efectivo. Las ofertas de compra se realizaron a través de diversas empresas de Florida que pertenecen a sus familiares.
El 5 octubre de 2009, la dirigente magisterial participó en la creación de la empresa Servicios Financieros DC –la perdonada por el SAT– cuya escritura pública número 93,623, avalada por el notario público número 121 del Distrito Federal, Armando Mastachi Aguario, quedó inscrita con el Registro Federal de Contribuyentes SFD-091006-GT7, según el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía.
La actividad de Servicios Financieros D.C. resultó sospechosa para el mismo SAT. En una auditoría la misma autoridad descubrió que la empresa basaba sus moviiento en dispersar el dinero obtenido con las altas comisiones de los préstamos otorgados a los maestros, lo que quedó asentado en la causa penal 10/2015, en el Consejo de la Judicatura, que también expone que la suma por este negocio de usura fue de por lo menos nueve millones de pesos.
En febrero de 2013, cuando la ex dirigente Gordillo Morales fue detenida por delitos relacionados con el lavado de dinero, el sindicato ofreció una conversión a los datos abiertos. Dirigido por Juan Díaz de la Torre montó un Observatorio Público de Transparencia e Información (OPTINSTE) y en septiembre pasado, para acatar las disposiciones de la nueva Ley General de Transparencia, firmó un acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
Pero ese observatorio aún no muestra el flujo que recibió durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), ni mucho menos en el de Vicente Fox (2000-2006), los años prósperos de los préstamos del sindicato de donde provino buena parte de la fortuna de la dirigente del SNTE.
Sin Embargo