La Barra Mexicana Colegio de Abogados de Chihuahua se pronunció en contra del dictamen mediante el cual se pretende reformar la Constitución Política del Estado para crear el Consejo de la Judicatura Estatal, el cual se presentará este lunes 26 de septiembre en sesión extraordinaria, por lo que solicitarán al Congreso que este tema sea eliminado de manera permanente de la agenda legislativa.
Mireyra Borunda Hernández, presidenta de esta organización, Marcelino González Villalba, Secretario de la Barra nacional de Abogados y Enrique Villalovos Lozano, Secretario técnico de la federación Mexicana de abogados, encabezaron una rueda de prensa para informar sobre la entrega de un documento a través del cual se hace esta petición al legislativo.
Mireyra Borunda, señaló que la actual legislatura pretende aprobar con premura la conformación de una órgano que requiere primer de una reforma a nivel federal en materia de impartidores de justicia para garantizar la legalidad y transparencia de este órgano, lo cual se requiere de manera urgente en el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua luego de los polémicos nombramientos de jueces y magistrados.
No tan sólo el gremio de abogados, sino varias organizaciones civiles ya se pronunciaron en contra de la forma en la que se quiere votar el dictamen, ya que en la sesión extraordinaria del jueves 22 de septiembre, diversas asociaciones se manifestaron en el pleno del poder legislativo tras lo cual lograron retirar el punto de la orden del día de manera temporal.
Por ello, los abogados llamaron a los diputados locales a bajar este tema de manera permanente y dejar a la LXV Legislatura que tomará protesta el sábado 01 de octubre, de tal manera que se cuente con el tiempo para revisar la propuesta con detenimiento y recibir las opiniones de expertos ya que, denunciaron, el Congreso actual no ha consultado en ningún momento a las asociaciones de abogados que mucho pueden aportar.
El Consejo de la Judicatura tiene, entre otras responsabilidades, la vigilancia de todos los integrantes del poder judicial del Estado, en particular de jueces, así como la de garantizar una correcta administración de justicia.