La policía mexicana ha detenido a uno de los supuestos autores del secuestro y asesinato de María Villar Galaz, de 39 años. La captura fue realizada en la Ciudad de México el jueves por la tarde. La autoridades señalaron que en la mañana del viernes (hora mexicana) iban a facilitar más datos sobre el sospechoso.
La española desapareció el pasado 13 de septiembre, cuando salía de su trabajo en IBM y se dirigía a casa en un taxi. La reconstrucción policial señala que fue asesinada después de que su familia entregara parte del rescate exigido por sus secuestradores. Los encargados del pago fueron su esposo, Cristiano Do Vale, y su primo, Gorka Villar, hijo de Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol. El dinero (3.000 euros en pesos) lo llevaron a un paraje no especificado de la delegación Iztapalapa, al sureste de la capital.
El cuerpo fue hallado maniatado y con una bolsa en la cabeza, junto a un riachuelo de aguas negras del poblado de Santiago Tiangusitenco, en el Estado de México. Era la tarde del 15 de septiembre. Los peritos determinaron que Villar había muerto en la madrugada. La víctima fue trasladada a la morgue de Toluca, a 50 kilómetros. No fue hasta el martes 20 cuando los familiares reconocieron el cadáver por unas fotografías.
María Villar Galaz había llegado hace casi tres años a la capital del país junto a su marido para trabajar en la empresa Everis, dedicada al desarrollo tecnológico. Hace un año, ya en México, fichó por IBM. Sus amigos la definían como “alegre, simpática, divertida y enamorada de México”.
Su muerte conmocionó a España y puso sobre el tapete la peligrosidad del país norteamericano. En los últimos siete meses se han registrado más de 600 secuestros en México. Pero teniendo en cuenta que se denuncian menos del 10%, podrían ser más de 6.000 el número de casos, a razón de 33 diarios. En España, en 2015, hubo 87 secuestros en todo el año. Uno cada cuatro días.
El Estado de México, donde fue hallado el cadáver, es la entidad que más secuestros sufre. Hasta junio pasado se habían reportado 159 casos ante la fiscalía. La mayoría de los familiares de las víctimas no denuncia el delito. El miedo y la idea de que no sirve de nada actúan de freno.
Fuente; El País