En base a esto, la directora general de Unión y Fuerza de Mujeres Trans exigió que se emita una recomendación lo antes posible.
Mireya Rodríguez dijo que no es posible que se continúe con el clima de violencia hacia la población trans, misma que ha llevado a que muchas de estas personas busque asilo político en países donde sí se garanticen derechos tan fundamentales como la vida.
A continuación el caso:
El jueves 6 de marzo de 2014, cinco mujeres trans que se dedican al trabajo sexual se encontraban laborando en la esquina de las calles Libertad y 12 de la Colonia Centro en la Ciudad de Chihuahua, cuando llegó un grupo de agentes del Departamento de Regulación Sanitaria del Municipio de Chihuahua (DRSM) a realizar un operativo.
Los agentes solicitaron a las mujeres su registro sanitario. Al asumir que no contaban con éste, el personal del operativo solicitó el apoyo de la Policía Municipal. Una de las afectadas le mostró a dicho personal los resultados de los exámenes de laboratorio negativos a VIH. A pesar de ello, fue arrestada junto a sus compañeras.
Las cinco mujeres transexuales fueron ingresadas a la Comandancia Zona Sur. Mireya se percató que un individuo que no se identificó le indicó a una de ellas que se desnudara para tomarle fotos al tatuaje que tenía en un glúteo. Cinco agentes policíacos estaban presentes al momento de la toma fotográfica y se mofaron de la chica que estaba desnuda.
El personal encargado de la identificación les pidió a las cinco mujeres transexuales que se desmaquillaran para tomarles una foto para el documento del registro (tarjeta), a pesar de que comúnmente ante instancias de salubridad del Estado les toman las fotos maquilladas tal y como laboran como trabajadoras sexuales.
Elpersonal encargado de la Comandancia Sur les indicó que cooperaran aplicándose la prueba de VIH y que si salían negativas, las dejaría ir.
El representante de Regulación Sanitaria llegó a la Comandancia Zona Sur el viernes a las 8:00 a.m. Las chicas lo reconocen como el jefe de regulación sanitaria del municipio.
Este médico les hace una prueba de rápida de VIH en sangre sin el consentimiento informado correspondiente, sin ninguna confidencialidad y les hizo las pruebas con la misma lanceta (aguja) poniendo en riesgo la salud de las chicas.
En virtud de esto, el médico violentó el protocolo básico que está obligado a llevar de conformidad con las guías y normatividad del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA de la Secretaria de Salud específicamente los puntos 6.3, 6.3.1; 6.3.1.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.3.4; 6.3.5; 6.3.5.1; 6.3.5.2; 6.3.5.3;6.3.5.4; 6.3.6; 6.3.7; 6.3.8; 6.4; 6.4.1; 6.4.2; y 6.4.3 de la Norma Oficial para Prevención y el Control de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia humana (NOM-010-SSA2-2010).
Otra de las afectadas se niega a hacerse la prueba en estas condiciones y es hostigada por el personal de la comandancia.
Posteriormente, el médico de regulación le entregó los resultados negativos de las pruebas a la juez cívica de las cuatro mujeres que se hicieron la prueba. Debido a ello, dejaron ir a las cuatro alrededor de las 11:00 a.m., después de pagar una multa de doscientos pesos cada una.
La otra mujer trans, que se negó a hacerse la prueba de VIH, permaneció arrestada y sin derecho a multa por instrucción de la juez cívica. Durante el tiempo que permaneció arrestada y hasta su salida, fue insultada y hostigada por el personal de la Comandancia Zona Sur que le decía que “era un sidoso” y “un joto”.
La juez cívica Mirna Márquez le dijo que “porque tus compañeras se mueven creen que a mí me va enseñar lo que debo hacer”, indicándole que permanecería detenida por treinta y seis horas. Durante ese tiempo, la amenazaron diciéndole que no la iban a dejar en paz y que le iban “a echar carrilla por que te negaste a hacerte la prueba de VIH”.
La afectada señala que salió de la Comandancia Sur el sábado 8 de marzo alrededor de las 9:00 de la mañana.
Las mujeres se dirigieron al Ministerio Público en turno para levantar una denuncia por las amenazas y el acoso a una de las mujeres trans cometidas por la juez cívica Márquez y el personal de la Comandancia, sin embargo, el personal de dicha institución les indicó que no había delito que perseguir y que fueran a asuntos internos.
Ante estos obstáculos para presentar su denuncia penal, las mujeres transgénero desistieron en virtud de que consideraron que iban a recibir el mismo trato, que no les iban a hacer caso y que muy posiblemente iban a sufrir algún tipo de represalias.
Después de dicho episodio, una de las víctimas decidió no salir a trabajar por el miedo a las amenazas. El domingo 8 de marzo, sus compañeras le informaron que había muchos policías por la zona que constantemente pasaban buscándola, por lo que confirmó que está en riesgo su libertad y su integridad personal. Asimismo, en los últimos días la afectada ha visto elementos de la Policía merodear a las afueras de su casa.
Cabe resaltar, que el martes 12 de marzo, aproximadamente las 9:00 p.m., una de las chicas transgénero se retiraba de la casa de un amigo, cuando ambos se percataron de la presencia de una patrulla con el número de identificación 307, el policía se bajó de la patrulla, habló por radio y tomó notas y después de 10 minutos se retiró. Ante esta situación, dado el contexto de violencia en Chihuahua, temíamos por la integridad física y seguridad de nuestro promotor y de las chicas transgénero afectadas que presentaron la queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua.
Esta mujer trans no es la única que se encuentra en grave peligro, sino que el contexto de feminicidios en Chihuahua se ve recrudecido para toda la población transexual que se dedica al trabajo sexual, particularmente a las que laboran en la zona de la Calle 12 y Calle Libertad en la Ciudad de Chihuahua, debido a las graves y sistemáticas violaciones que son cometidas en contra de dicha población por parte de los cuerpos de policía y de las autoridades de salubridad y autoridades municipales ya que el bando de policía y buen gobierno del municipio de Chihuahua vigente en su artículo 8 en su fracción IV señala que: Son faltas o infracciones contra la dignidad y la integridad de las personas y de las familias:
……IV.-Ejercer la prostitución o el comercio carnal sin contar con el debido registro sanitario y ejercer dicha actividad.
En áreas de lugares públicos no destinadas a ese fin, asimismo incitar y propiciar la prostitución y el comercio carnal, sin prejuicio en este último caso, del delito que se cometa.
En este sentido, el caso forma parte de un contexto sistemático de persecución y violencia más amplio que padecen las mujeres transgénero dedicadas al trabajo sexual en Chihuahua.