El incremento denuncias por desaparición de jóvenes veracruzanos durante todo el 2016, pone en relieve la posibilidad del reclutamiento forzado para que las víctimas realicen diversas actividades ilegales por debajo de una cadena de mando criminal, así lo consideran defensores de los derechos humanos e integrantes de colectivos de familiares en búsqueda de desaparecidos al reflexionar sobre los últimos casos que han generado indignación, como el de los cinco de Tierra Blanca, los de Papantla, el de Génesis Urrutia y ahora otros diez chicos reportados como ausentes, entre sábado y lunes, en Soledad de Doblado y Veracruz.
Tan sólo el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas engloba 706 denuncias para el estado de Veracruz, de las cuales el 53.39 por ciento corresponden a personas menores de 30 años en calidad de no localizados.
Primero fueron las ejecuciones o cruentas balaceras entre fuerzas armadas y delincuentes que no pasaban de los 30 años. Hoy los jóvenes veracruzanos están en la mira de los cárteles, ya sea para mano de obra o carne de cañón.
Es una realidad, dice Josefina Castrejón Holguín, directora de la Fundación Matraca, de Xalapa, que desde hace 25 años da acompañamiento a niños trabajadores y en situación de calle.
La desaparición en Veracruz “sí se relaciona con reclutamiento forzado, evidentemente así han sido las prácticas”, apunta, la juventud de Veracruz “está siendo arrasada. Ser joven, pareciera, es un riesgo, más cuando estos casos son dirigidos a un sector no propiamente vinculado con delincuentes”.
“Hay preocupación de la autoridades, según ellos, por bajar los crímenes de violencia, pero la realidad, nosotros que trabajamos con grupos en situación de calle, vemos que las autoridades tapan y no dicen la situación real”, señala.
Lucía Díaz Genao, integrante del colectivo Solecito de Veracruz, dijo que pensar en la desaparición de menores de 30 años, como parte de un reclutamiento forzado, “sí es una opción. Ojalá no sea esa la realidad, pero sí se piensa”. Incluso, entre compañeras del colectivo “es generalizado el comentario de que sus hijos posiblemente estén trabajando bajo amenaza en otros estados, creemos que es una posibilidad real, porque ya se ha visto en Coahuila y Tamaulipas”.
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