De acuerdo con la información que publica la agencia Informex, Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, nominará al senador federal por el Estado de Alabama, Jeff Sessions, como procurador general de Justicia, y al representante federal por el Estado de Kansas, Mike Pompeo, como el nuevo jefe de los servicios de espionaje.
El próximo procurador general de justicia de Estados Unidos fue también un promotor y seguidor del Ku Klux Klan.
La noticia de estas dos nominaciones confirmó lo que ya se venía especulando, que Trump para los puestos de su gabinete de seguridad colocaría a personajes de línea dura. A la nominación de Sessions y Pompeo se suma la del general retirado, Michael T. Flynn, quien es propuesto como asesor de Seguridad Nacional.
Tanto Sessions como Pompeo y Flynn, apoyaron incondicionalmente a Trump durante toda su campaña presidencial y lo respaldaron en propuestas como la de deportar de Estados Unidos a los 11 millones de indocumentados y construir la barda en la frontera con México.
Respecto a Pompeo, el presidente electo apuntó que el representante federal por Kansas será su aliado en “la lucha para derrotar al terrorismo radical islámico” y será un gran guía de los sistemas de inteligencia en los retos geopolíticos que enfrentan.
En su Penthouse en Nueva York, en uno de sus edificios en Manhattan, Trump continuó reuniéndose con varios posibles candidatos a integrar su gabinete, entre estos, Mitt Romney, uno de sus críticos y quien fuera candidato presidencial republicano y gobernador de Massachusetts. Romney se menciona como un posible contendiente para el puesto de secretario de Estado.
Al mismo tiempo, la oficina del procurador general de Justicia de Nueva York, informó que el presidente electo aceptó pagar 25 millones de dólares en daños y perjuicios a sus demandantes, el caso de su ahora extinta Universidad.
Las demandas de fraude contra el ahora presidente electo, fueron uno de los temas más álgidos durante su campaña presidencial, primero, para ganar la nominación republicana, y después frente a su contrincante, la demócrata Hillary Rodham Clinton.
La oficina del procurador general de Nueva York apuntó que el “acuerdo” se logró entre los abogados de Trump y los demandantes, luego de aceptar la compensación económica que ofreció la parte acusada para solventar el caso “fuera de la Corte”.
El arreglo se logró 10 días antes de que el caso de la demanda de fraude contra la Universidad Trump, se llevara ante una Corte Federal en San Diego, donde un Gran Jurado se preparaba para recibir el caso. Con el pago de los 25 millones de dólares, el presidente electo evita ser llamado a presentarse como testigo ante un juez, y ser cuestionado sobre la demanda en su contra.
El pago de los 25 millones de dólares, fue inmediatamente calificado como “la primera concesión” que hace Trump ante unos demandantes, tomando en cuenta que como empresario y frente a pleitos legales siempre optó por recurrir hasta los últimos procedimientos judiciales para defender sus posturas y evitar desembolsar millones de dólares en compensaciones por daños.
Las demandas contra la Universidad que creó el presidente electo, sostenían que las víctimas fueron defraudados al pagar miles de dólares en colegiaturas para recibir asignaturas que “prometían un futuro brillante en el sector empresarial”, y que resultaron ser absolutamente un fiasco.
Durante la campaña presidencial, Trump descartó a los demandantes, asegurando que era una conspiración en su contra para interferir en su aspiración política, por lo que prometió llegar hasta las últimas consecuencias en las cortes y derrotarlos.
Después de las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre de las que Trump resultó ganador, su abogado que lo representaba en el caso, Daniel Petrocelli, comunicó a la parte acusadora de que su cliente buscaba llegar a un arreglo económico.
Dos de las demandas se presentaron al juez federal de origen mexicano, Gonzalo Curiel, y fueron lema de campaña presidencial por parte de Trump.
Al hablar del caso del fraude de la Universidad Trump, el ahora presidente electo dijo que el juez Curiel debería abandonar el caso, porque al ser mexicano estaba siendo parcial en su juicio, tomando en cuenta que el entonces candidato republicano prometía que de ganar la Casa Blanca construiría un muro a lo largo de la frontera con México, que además pagaría el Gobierno mexicano.
La Universidad Trump se abrió en 2004 y solo duró hasta el año 2010, luego de que los estudiantes que se inscribieron denunciaron la inservilidad de los cursos que recibían sobre inversiones, desarrollo empresarial, administración de empresas y manejo de bienes raíces. La Universidad Trump ofrecía un curso especial por 35 mil dólares, al estudiante que pagara por él para poder tener acceso a los “secretos” de su fundador y con ello poder homologarlo para convertirse en multimillonarios.