La diputada Diana Karina Velázquez presentó hoy ante el pleno del Poder Legislativo una iniciativa con carácter de acuerdo a fin de exhortar al gobernador Javier Corral para que tome las prevenciones necesarias y suficientes que sean pertinentes para una posible deportación a México de miles o millones de mexicanos provenientes de los Estados Unidos por su paso y estancia en territorio chihuahuense.
Lo anterior, debido a que la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República declaró en días pasados un “estado de alerta” para los más de 5 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y cuya situación migratoria es irregular.
La alerta, se desprende de la hipótesis de que el presidente electo Donald Trump lleve a cabo su manifiesta y reiterada intención de deportar a un numero de entre 3 y 4 millones de inmigrantes que él ha denominado “ilegales” y entre los cuales la mayoría son mexicanos (niños, hombres y mujeres) por lo que es previsible que latinos y otros extranjeros corran con la misma suerte.
“No sabemos que pueda ocurrir con las advertencias del presidente electo Trump. Que vivimos en la incertidumbre, pues no tenemos ninguna certeza acerca de la política anti migratoria que promoverá quién será presidente de los Estados Unidos a partir del 20 de enero del 2017”, dijo Velázquez.
Cabe mencionar, que las recomendaciones tienen calidad de alerta y no de alarma, por lo que se pide a mexicanos en Estados Unidos mantener la calma y asumir las medidas y precauciones convenientes, ademásde acudir al consulado mas cercano para recibir asesoría en pro de sus derechos humanos, además de estar al pendiente de las decisiones del nuevo gobierno estadounidense.
Dijo que como sea que fuere, los estados fronterizos tienen la responsabilidad preventiva ante la probable expatriación de miles o millones de personas que son expulsados de sus lugares de origen por el hambre y por la legítima búsqueda del sustento familiar.
Por lo anterior, Chihuahua debe estar en condiciones de afrontar la contingencia migratoria en coordinación con las autoridades municipales, a fin de planear programas de apoyo humanitario que protegan la integridad física, psicológica, moral y jurídica de las personas deportadas que requieran de albergue, alimento, transporte y atención a la salud.