El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Cancillería informar sobre las condiciones laborales de trabajadores mexicanos en organismos internacionales con oficinas en el país.
Tras recibir una inconformidad por la respuesta otorgada a una solicitud de información para conocer las razones legales para que no se les pague aguinaldo en organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, así como la Organización de los Estados Americanos, que proporcionan recursos para contratar a personal mexicano en instancias como el IPN y la UNAM, el IFAI resaltó que las misiones extranjeras deben respetar las leyes laborales de los países donde se acreditan.
Lo anterior, de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, mediante la cual los derechos y obligaciones del personal contratado son regulados por las leyes del trabajo vigente.
Durante el análisis, la comisionada ponente Areli Cano, resaltó que ningún mexicano puede resultar afectado en sus derechos al establecer una relación de trabajo con los organismos mencionados, debido a que “el derecho internacional establece claramente que toda organización de naturaleza extranjera con oficinas en México debe observar la legislación vigente”.
Inicialmente, la Cancillería respondió a la solicitud de información que es el Acuerdo de Sede o el Acuerdo para el establecimiento de oficinas por parte de organismos internacionales y las leyes del trabajo vigente lo que regulan los derechos.
El solicitante, inconforme, pidió una revisión del asunto en virtud de que la respuesta no le satisfacía “ni dejaba claro por qué los organismos internacionales fijan las reglas laborales a trabajadores nacionales en México”.
Una vez que el pleno del IFAI analizó el caso, instruyó a la Cancillería a realizar una nueva búsqueda de información en la Dirección General de Protocolo, la Consultoría Jurídica, la Dirección General de Coordinación Política y la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas, a fin de dar respuesta al particular.
La Jornada