Para detectar a los 493 promotores del Programa 65 y Más que estaban cobrado los beneficios de 3 mil 900 registros, fue necesario tomar las huellas dactilares a los casi 4 mil operadores en el país, informó Excélsior.
En entrevista, Óscar Navarro Gárate, director general de Programas Prioritarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), explicó que la investigación inició cuando, al realizar la verificación del programa, se detectó que una huella aparecía en más de 100 registros.
“En esa revisión nos apareció que una misma huella nos aparece 100 veces; de ahí se dio la instrucción de que nos tomaran las huellas a todos los que estamos operando en el programa, que somos cerca de 4 mil a nivel nacional.
“Se hizo el barrido de la comparación con la base de datos de los adultos mayores, con el empadronamiento de nosotros, ahora con la tecnología se permite identificar con cierta rapidez aquellas huellas que estaban suplantando a adultos mayores y eran empleados de la Secretaría, nomás fueron 493; desde cuándo pasaba eso, no lo sé”, explicó el funcionario.
El viernes pasado la Sedesol reveló que esos empleados, principalmente en los estados de Tabasco y Veracruz, fueron separados de su cargo y se dio parte a la Procuraduría General de la República (PGR).
Navarro Gárate explicó que las bases de datos utilizadas por la dependencia son certificadas por empresas que validan también bases de datos de agencias internacionales.
El proceso implicó que hubo una certificación por parte de peritos de la PGR de que el sistema que había hecho eso, era un sistema válido, certificado, porque no puedes aventarte el tiro de estar acusando a alguien sino estoy bien seguro.
“Quien nos lleva la base de datos está certificado por la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés), por la CIA (la Agencia Central de Inteligencia, del mismo país) es un estándar internacional, es eso está el proceso judicial, y esas personas tendrán todo el derecho de, si creen lo contrario se defiendan en las instancias correspondientes”, comentó.
El Programa 65 y Más está diseñado para aportar un apoyo económico bimestral de mil 960 pesos a las personas que acrediten contar con 65 o más años de vida y que no reciben una pensión contributiva, del IMSS, del ISSSTE, Pemex, o el Ejército, por ejemplo.
Navarro Gárate informó que actualmente el padrón de este programa de la Sedesol, cuenta con 5.4 millones de beneficiarios, de los cuales a 1.4 millones se les bridan servicios médicos del Seguro Popular y 800 han realizado certificación de estudios a través el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
Para el próximo año este programa de asistencia contará con un presupuesto de 3 mil 100 millones de pesos, prácticamente el mismo que recibió en este año que concluye.
Las personas se pueden inscribir en 361 módulos distribuidos en toda la República, presentando un credencial oficial, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.
Una vez inscrito, se le tramita una tarjeta de débito para el depósito de la pensión y el beneficiario debe acudir, cada seis meses a un módulo para presentar la “prueba de supervivencia”, lo que permite la verificación del padrón.
Navarro Gárate explicó que se está trabajando para eliminar este trámite y que, a partir de enero de 2017, sean los promotores del programa los que acudan a los domicilios de los beneficiarios.
A través de una conexión con el Registro Nacional de Población (Renapo) nos permite estar filtrando la base de datos y a partir de ahí detectamos las defunciones.
“En los estados, además de Renapo, estamos firmando convenios con los Registros Civiles locales para conocer de las defunciones, en enero del año que entra vamos a suspender la comprobación de vida, que eso sí le quita mucho tiempo a la gente”, explicó.
Por su condición física, para muchos de los beneficiarios del programa 65 y Más es complicado acudir a realizar la “prueba de supervivencia”, por lo que piden que puedan ir a sus casas.
En el módulo del programa en la Ciudad de México, ubicado en las calles de Lucerna y Abraham González, en la colonia Juárez, casi todos los beneficiarios acuden acompañados de un familiar, un hijo o un nieto.
Rosalinda Moreno Macías, beneficiaria desde agosto del año pasado, además tiene que llegar al módulo con un tanque de oxígeno, para conocer el motivo por el que no se le realizó su depósito.
“Es una vergüenza ir a pasar la vigencia, somos puros ancianos en muy malas condiciones y hay que esperar mínimo de dos a tres horas.
“Es una tristeza, yo tengo a mi hijo que me puede llevar, pero hay gente sola, en andadera, con bastón y filas enormes”, dijo la beneficiaria.
A José Concepción Miguel Calvario, el banco en donde se realiza su depósito le comenzó a cobrar por un seguro de auto que no había contratado.
“Me quitaban el dinero que me depositaban, aludiendo que yo había pedido un seguro para un carro, pero no tengo carro, en el seguro venía otro nombre, por varios meses estuve peleando.
“Ya no me quitaron lo del seguro, pero cuando pregunté por el dinero si me lo iban a reintegrar me dijeron que no, que eso ya se queda”, dijo el beneficiario con dos años en el programa.
El trámite de “prueba de supervivencia” se realiza en menos de dos minutos, cuando el beneficiario llega con una copia de su identificación y su tarjeta bancaria.
El empleado del módulo confirma la identidad de la persona, desliza la tarjeta por un lector y toma la huella del índice, para confirmar que es la misma persona.