El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una investigación en contra de la administración del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por un posible desvío de recursos públicos para beneficiar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado.
De acuerdo con un comunicado que reprodujeron medios nacionales, la dependencia informó que la Unidad Técnica de Fiscalización propuso al Consejo General del INE “iniciar una investigación para verificar lo reportado por el partido, respecto de los recursos que el actual Gobierno del estado en Chihuahua ha manifestado que beneficiaron al PRI, como resultado de aportaciones mediante descuentos de nómina que se hicieron a diversos funcionarios”.
El monto de los recursos correspondientes al ejercicio 2015 reportados por el PRI, asciende a 4 millones 252 mil 919 pesos, según el Instituto.
Sin embargo, el gobierno del actual Gobernador del estado, encabezado por el panista Javier Corral Jurado, asegura que la cifra millonaria derivada de la retención de los salarios de al menos 700 empleados estatales y que habría terminado en las arcas del Tricolor, es mucho mayor.
Tan sólo de enero a diciembre de 2015 y únicamente considerando las retenciones de la Administración Pública Estatal centralizada el monto asciende a 14 millones 617 mil 881 pesos. En tanto que el total retenido al sector centralizado, y entregado al PRI durante la administración 2010-2016, supera los 79 millones de pesos, indica.
Además, del análisis del INE a los “inventarios de activo fijo” del PRI estatal, la dependencia encontró irregularidades en el registro de tres propiedades en Chihuahua -entre ellas dos cedidas como pago por un trabajo de remodelación a la empresa Constructora Casas Grandes, S.A. de C.V.-.
Esta “falta de reconocimiento contable”, señala la dependencia, “ha impedido a las autoridades electorales fiscalizar y transparentar el origen y uso de los recursos públicos”.
Como parte de su proceso de investigación, el INE informó que ya solicitó a Luis Vega Aguilar, Secretario de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, la información necesaria para revisar el caso.
Asimismo, el INE habría solicitado información al Gobernador Javier Corral; a Pedro Mauli Romero, Secretario de Finanzas del PRI en Chihuahua; y a Stefany Olmos, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado.
Lo anterior de conformidad con la Ley y con la finalidad de que la autoridad electoral cuente con los elementos necesarios para adjudicar o deslindar responsabilidades con respecto a las presuntas “conductas infractoras en materia de fiscalización por parte del PRI”, según se lee en el documento citado.
Hace una semana, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) anunció que investigaba unas presuntas “retenciones salariales indebidas” a más de 700 servidores públicos de diversas dependencias, por parte del Gobierno de Chihuahua, durante la administración del ex Gobernador priista César Duarte Jáquez.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que “investiga hechos probablemente constitutivos de delitos Electorales”, al referirse a la denuncia presentada por el Gobierno estatal que encabeza el panista Javier Corral Jurado.
La PGR explicó que por “estos hechos podría constituirse el delito Electoral establecido en el Artículo 11, Fracción V, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que sanciona a aquel servidor público que solicite a sus subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política”.
Asimismo, la dependencia aseguró que los Ministerios Públicos de la Federación, asignados al caso en Funciones del Fiscal Federal, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), iniciaron una Carpeta de Investigación en coordinación con los elementos de la Policía Federal Ministerial, con el fin de recopilar las pruebas que acrediten el delito Electoral.
El 5 de diciembre del presente año, la Secretaría de la Función Pública estatal presentó la denuncia ante la Fepade a fin de que se investigaran penalmente los hechos. Informó que se adjuntó evidencia documental que acredita cómo los descuentos ilegales, realizados por la Secretaría de Hacienda a más de 700 servidores públicos, fueron entregados al Secretario de Administración y Finanzas del PRI de Chihuahua, quien los recibió en efectivo como “aportaciones del Ejecutivo para el PRI Estatal”, según refirió el Gobierno de Chihuahua por medio de un comunicado.