La reforma en materia de combate a la corrupción es el esfuerzo más grande del Estado mexicano y no obedece a escándalos por temas de coyuntura, ya que es un compromiso del presidente de México Enrique Peña Nieto desde antes de tomar posesión, aseguró la senadora chihuahuense Lilia Merodio Reza al presentar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI sobre el dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de combate a la corrupción.
La legisladora priista aseguró que este problema no es nuevo, “como tampoco la firme y decida determinación del PRI por hacerle frente”.
“Desde antes de tomar posesión, el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, impulsó el combate a la corrupción, como una de las prioridades de su gobierno, un gobierno que no solo vino a administrar, sino a transformar a este país”, aseveró Merodio Reza.
En noviembre de 2012, recordó la senadora, el Grupo Parlamentario del PRI, ” junto con nuestros aliados, el Partido Verde Ecologista de México, hicimos nuestra la iniciativa del presidente electo, para combatir a la corrupción y la presentamos ante esta soberanía”.
“Se equivocan quienes ven en esta reforma una simple reacción a los escándalos y a la coyuntura política”, afirmó Lilia Merodio.
Añadió que detrás de esta reforma se encuentra no solo el primer compromiso de Enrique Peña Nieto, sino la convicción del PRI por transformar al Estado mexicano.
Afirmó que ante el panorama que tiene México en corrupción, “nuestro país no puede seguir igual. La respuesta del Estado mexicano debe estar a la altura del momento que vivimos y del proyecto de nación”.
“La reforma constitucional en materia de anticorrupción representa el esfuerzo más grande del Estado mexicano para combatir este terrible mal”, enfatizó la legisladora.
El pleno del senado de la República aprobó en lo general con 97 votos a favor, 8 en contra, y 2 abstenciones el Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en materia de combate a la corrupción.
Desde tribuna, la senadora secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana (PRI), explicó que la reforma amplia las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar los recursos federales que ejerzan los servidores públicos y todas las instituciones que reciben o administran recursos federales.
Dijo que de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el costo de la corrupción asciende al 10 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, 1.5 billones de pesos al año, cifra que representa 12 veces al gasto social del gobierno en este año, y el doble de recursos que invertimos en educación pública.
Agregó que el problema de la corrupción no es nuevo y reconoce que el Partido Revolucionario Institucional ha realizado diversos esfuerzos para combatirla. Transparencia mexicana señala, dijo en tribuna la senadora priista, que los hogares en México, destinan en promedio el 14 por ciento de sus ingresos al pago de “mordidas” y a otros actos de corrupción.
Comentó algunos aspectos de la reforma, como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Además las entidades federativas crearán sistemas locales de anticorrupción homólogos. También se prevé que los tribunales en la materia podrán determinar la responsabilidad de los particulares por participación en hechos vinculados con faltas administrativas graves y, en su caso, se les determinarán las sanciones correspondientes.
En materia de declaración patrimonial y de conflictos de intereses, los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables, entre otros puntos.