“En estos momentos también, los chihuahuenses queremos ver al dirigente del PRI, Guillermo Dowell, a Fermín Ordóñez y al diputado priista Alejandro Domínguez, realizar una rueda de prensa para levantar la voz y exigir que se investigue, se procese y se castigue severamente a los responsables del anterior gobierno de Chihuahua por dotar de medicamentos fraudulentos a pacientes oncológicos de los hospitales estatales”, dijo Fernando Álvarez Monje, dirigente estatal del PAN.
El líder blanquiazul de Chihuahua precisó que es inmoral la conducta de seudo líderes del PRI, quienes solo intervienen públicamente, no a favor del interés ciudadano, sino solo cuando le conviene a sus propósitos político-electorales, lo que pone en evidencia su perverso plan de tratar de desacreditar y desvalorizar al nuevo gobierno que es de todos los chihuahuenses.
Álvarez Monje dijo coincidir plenamente con la percepción que tiene el Secretario General del Gobierno, César Jáuregui Robles, cuando señala que hay evidentes tintes electoreros en los señalamientos que dichos personajes políticos han hecho en contra de funcionarios de la actual administración, pues queda claro que la información que manejan la han obtenido filtrada por priistas que permanecen incrustados en el gobierno y que, cuando menos en lo que se refiere al Estado, habrá de ser depurados en un plazo a corto tiempo.
“Es inhumano -apuntó- que funcionarios responsables de velar por la salud de los chihuahuenses, empezando por Pedro Hernández Flores, ex titular de Salud del gobierno anterior, hayan expuesto la vida de pacientes oncológicos cuya esperanza de vida depende de los tratamientos médicos que el Estado les brinda y que por la enorme corrupción que corroe a los ex funcionarios públicos pueden enfrentar graves consecuencias en su salud”, apuntó.
Concluyó al precisar que Acción Nacional exigirá que la investigación se extienda hasta cubrir todas las responsabilidades, entre ellas las de los funcionarios de la fiscalía del Estad que a pesar de haber recibido oportunamente la denuncia correspondiente, hicieron caso omiso y archivaron los expediente para proteger a los servidores públicos corruptos.