AYER LE DIMOS a conocer la primera parte de la declaración del testigo protegido T701/2017, misma que fue levantada por el Ministerio Público el pasado miércoles 22 de marzo, misma que coloca en capilla a varios funcionarios duartistas. Hoy le damos seguimiento a sus declaraciones de manera particular con lo concerniente a la Secretaría de Educación; caso que utilizó el gobernador Javier Corral para echarle el guante a tres de los funcionarios del sexenio anterior: Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación; Gerardo Villegas, ex director de Administración y Antonio Tarín, ex director de Adquisiciones.
De acuerdo a las versiones del testigo protegido, cuya identidad se guarda en el baúl de los secretos, el dinero que se “desvió” de la Secretaría de Educación fue utilizado para la campaña electoral del año pasado. Cabe destacar que el documento de la narrativa obra en poder de la Fiscalía del Estado, cuyo membrete aparece en cada una de las hojas en comento, mismo que forma parte de la carpeta de investigación ya hecha pública en la audiencia de los indiciados el lunes y martes pasado.
Luego de hacer la narrativa de cómo operaban en Gobierno del Estado el movimiento de los recursos y quienes lo hacían, el T701/2017 describe hechos puntuales en torno al caso del presunto desvío por 250 millones de pesos de la Secretaría de Educación: “Fue en el mes de diciembre del 2015 que el gobernador César Duarte Jaquez, en reunión junto a otros funcionarios de la Secretaría de Hacienda… –Villegas y Tarín-, así como el Secretario de Educación…, nos manifestó que era necesario obtener del erario 250 millones de pesos, aduciendo que serían de utilidad para los tiempos electorales que se avecinaban. Al ponerse de acuerdo del mecanismo… el ex gobernador tomó la decisión de que fuera a través de la Secretaría de Educación… por lo que encargó… operar tal desvío…”
Se decidió, narra el testigo, que a través de la Secretaría de Educación se solicitara la suficiencia presupuestal, que luego fuera aprobada por la Secretaría de Hacienda; ambas instancias en la operación del recurso por 250 millones en conceptos planeados y definidos por la propia Secretaría de Educación en conceptos de tecnología y prestación de servicios.
“…habiendo sido definido por ellos la ruta del dinero, es decir, ellos –los señalados- delimitaron las empresas de capacitación, así como la justificación de un sistema de software que justificaría el uso de esos recursos a través de las empresas que se utilizarían y que tendrían la función de facturar los servicios que supuestamente se iban a prestar… El personal de la secretaría de Hacienda, que tuvo conocimiento de estas irregularidades porque estuvieron en la tramitación, son Jesús Olivas Arzate, Director General de Egresos, Ever Aguilar Sandoval, Coordinador de Servicios Administrativos y Juan Manuel López, del área de Adquisiciones al tener el expediente administrativo a su cargo”.
Sin embargo, dice el informante anónimo, el 7 de junio del 2016 –dos días después de la victoria de Javier Corral- se le informa al gobernador Duarte que la ejecución del proyecto de extracción de recursos había fallado, “ya que al parecer habían sido detectadas las irregularidades” porque la facturación había sido hecha de manera simultánea en servicios diferentes, lo que ponía en evidencia el desvío de los fondos, además de que terceras personas los habían detectado y fotocopiado para denunciarlos.
De acuerdo a la versión del testigo que obra en poder de esta redacción, al darse cuenta de dicha situación, se convocan a diversas reuniones en las que participa Gerardo Villegas y Antonio Tarín, a efecto de corregir las fallas detectadas y se establecieron las estrategias para regularizar la operación. “Estas reuniones se verificaron durante los meses de julio a septiembre del año pasado”.
Aquí viene uno de los puntos más interesantes, ya que el testigo protegido asegura que fue convocado por el secretario de Educación en un día no especificado del mes de septiembre: “… me habló y me comentó que necesitaba que citara a Daniel Gardoni Muñoz, encargado del área de tecnologías de la Secretaría de la Contraloría, para una reunión de trabajo donde se pretendía explicarle y concluir con la aprobación técnica para el desarrollo del software de la Secretaría de Educación, solicitándole que validara dicho proyecto tecnológico, por el que se había dado la suficiencia presupuestal de noventa millones de pesos”.
Entonces, agrega el testigo protegido: “Yo le llamé al secretario Raúl Chávez, pidiendo su apoyo, él estuvo de acuerdo en que Gardoni acudiera a la reunión –en la questarían presentes Yañez, Villegas y Tarín… y yo me encargué de aperturar dicha reunión”… Como resultado de la misma, dice el testigo que evidentemente trabajaba en la Secretaría de Educación, Gardoni se comprometió a llevar a cabo una revisión final del documento técnico de aprobación para su validación, sin embargo, tiempo después “sin recordar cuantos días”, Tarín y Villegas indicaron que no hubo tal validación, ya que “me hicieron saber que Gardoni no había aceptado llevar a cabo esa validación o dar el visto bueno a esa operación. Es decir, que no accedió a validar la implementación del software de que he venido hablando”.
De acuerdo al testigo, el secretario de Educación manifestó al gobernador Duarte en diversas ocasiones que la operación había quedado bien blindada y a prueba de auditorías, toda vez que cubrieron los requerimientos que justificaban la aplicación de dichos recursos, “cuyo destino ya se sabe tuvo un objetivo diferente”.
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HASTA NO VER, no creer, y hoy el telenovelón de las detenciones de ex funcionarios duartistas podría reforzarse o convertirse en un churro digno de Televisa, pues la hora de la verdad será en la audiencia de vinculación a proceso de Gerardo Villegas, ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda, acusado de desviar 246 millones de pesos del erario público, y es que sí y sólo sí, dicen los incrédulos, se le vincula a proceso y se le dicta prisión preventiva hasta que el caso se resuelva, es que el marro que soltó el gobernador Javier Corral podrá ser tomado como indicio de justicia, en torno a los casos de corrupción política de la pasada administración que encabezaba el ex gobernador César Duarte.
Así que el juez Eduardo Ornelas tendrá en sus manos refrendar la principal promesa de campaña del góber Javier Corral, ya que si se cae la carpeta de investigación que le armaron al ex funcionario duartista de boca de un soplón de primer nivel, el famoso testigo protegido T701/2017, prácticamente se derrumbará la estrategia corralista de posicionarse en medio del torbellino político que envuelve al estado que dice gobernar.
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POR CIERTO QUE mañana le tocará el turno al ex alcalde Javier Garfio para determinar si se queda en el hotel de cuatro estrellas de Aquiles Serdán, recordando las propias palabras del ex gobernador César Duarte, cuando aseguraba que las cárceles de Chihuahua eran hoteles casi casi de lujo, pues su audiencia está programada para las 8 de la mañana y ahí se sabrá quién es el defensor del ex presidente municipal, de quien los malosos nos dicen que su detención lo tomó completo por sorpresa, tan es así que cuando lo detuvieron, el Ingeniero no se lo creía y hasta supuso que sólo se lo llevaban para una simple y llana declaración, por lo que al presentarse el lunes en la Ciudad.
Source: Columna