Hoy se cumplen 10 años de que se aprobó la despenalización del aborto en la Ciudad de México, un hito que marcó sin duda un parteaguas en los derechos humanos y reproductivos de la mujer en el país.
Sin embargo, en el resto de la República la situación para las mujeres que desean interrumpir su embarazo es muy diferente, dramática, cruda.
En México, ellas enfrentan graves obstáculos para ejercer sus derechos reproductivos, y tienen que enfrentarse no solo a la estigmatización social, producto de una idiosincrasia que pareciera anclada a otro siglo, sino que incluso están en riesgo de ser criminalizadas.
Aunque a nivel federal, la violación es una causal que permite la interrupción del embarazo de manera legal, la implementación de esta norma y el acceso real a las mujeres que quieren ejercer este derecho está lejos de ser una realidad.
“El aborto por violación es legal en todo el país, y a pesar de eso hay varios casos de niñas de 8, 9, 10 años que se quedan embarazadas por producto de violación y no hay acceso al aborto. La ley lo permite pero en la práctica no hay necesariamente los servicios”, asegura Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
“No se cumple la ley, los funcionarios medianos le ponen obstáculos a normas y a leyes en el caso concreto de los servicios de aborto a mujeres violadas. Los funcionarios que tendrían que estar más sensibilizados son los que están poniendo los obstáculos”, afirma María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
Según datos oficiales, desde enero de 2009 a junio de 2016 se han recibido 70 mil 630 denuncias por violación sexual, tanto en las procuradurías locales como en la Procuraduría General de la República, cifras que contrastan con el número de procedimientos de aborto por violación que las secretarías de salud locales, IMSS e ISSSTE reportan durante el mismo periodo: solo 61.
La falta de conocimiento por los trabajadores del sector salud, el intento de imponer creencias personales por encima de la salud, y en muchas ocasiones la intimidación y el engaño, son una barrera que niñas y mujeres víctimas de violación tienen que enfrentar al querer interrumpir su embarazo.
En ese sentido, María Consuelo Mejía está convencida de que si se cumpliera la ley en la práctica, muchas mujeres tendrían acceso al derecho de un aborto seguro, y por ello es necesario que los funcionarios tomen mayor responsabilidad para el cumplimiento de la ley.
“También hace falta mayor conciencia de los que hacen las leyes, en el sentido de las implicaciones que tiene para la vida y la salud de las mujeres y de la sociedad el que las mujeres tengan acceso a estos servicios”, apunta.
Para Regina Tamés, uno de los mayores retos es la falta de uniformidad en la legislación, ya que las causales legales son diferente en cada estado, por lo que es necesario homogeneizar la ley y dejar de criminalizar a la mujer.
“En el resto del país es necesario que se modifiquen las legislaciones, de que haya los servicios y por último que no sean criminalizadas, que aquella mujer que se haya practicado un aborto no sea perseguida como si fuera un criminal. Las reformas lo que han hecho es criminalizar a las mujeres. Las mujeres tienen miedo de practicar los abortos”, señala.
Cifras del abuso
De 2009 a 2016, tanto la PGR y procuradurías locales, como instituciones de salud públicas, registraron:
>> 70,630
Denuncias por violación sexual en esos años
>> 61
Abortos reportados por las secretarías de salud locales, IMSS e ISSSTE, en ese mismo periodo
A la cárcel
Al interior de la república, pocas cosas han cambiado. En muchos estados aún hay legislaturas que penalizan a las mujeres que optan por el aborto, una forma de intentar persuadirlas a que aborten y que muchas veces las orilla a la clandestinidad.
A tan solo unos kilómetros de la capital sigue siendo un delito y muchas mujeres se encuentran purgando penas en diferentes prisiones del país, otras tantas optan por la interrupción de forma ilegal, con todos los riesgos que conlleva para su integridad.
A 10 años de aprobada la reforma en la Ciudad de México, Jorge Carlos Díaz Cuervo, legislador de la ALDF de 2006 a 2009 y quien fue el autor de la iniciativa para la despenalización del aborto, cree que se logró un avance en la Ciudad de México, sin embargo reconoce que en el resto del país aún hay mucho que hacer.
“No hemos logrado que se reconozca a nivel nacional que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y que es una injusticia y un problema de salud pública sabiendo que se practican abortos de manera clandestina en el país”.
Según cifras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, hasta el 20 de abril de 2017, más de 176 mil mujeres han interrumpido legalmente su embarazo, solo en los hospitales y centros de salud públicos de la capital.
De estas, más de 50 mil provienen de otros estados de la República, la mayoría del Estado de México (44 mil).
Tan solo en 14 de las 32 entidades la afectación de la salud de la madre es una causal para interrumpir legalmente un embarazo, en 16 por alteraciones genéticas del feto, solo 2 por factores económicos, y en la Ciudad de México es el único lugar donde una mujer puede abortar por voluntad propia. Cuando existe peligro de muerte 25 estados permiten el aborto.
“Hay todavía demasiado estigma frente al aborto, la gente lo ve como un tema controversial en lugar de afrontarlo como un tema de salud pública y de justicia social”, concluye Regina Tamés.
Fuente: Reporte Índigo
Source: Mexico