Pedro Domínguez Zepeda (PRI) destacó que la reforma en materia de desaparición forzada de personas y de tortura. es consecuencia, no de unos cuantos, sino del impulso de la sociedad organizada, de los miles de padres y miles de madres que luchan por encontrar a sus hijos e hijas desaparecidos.
Es consecuencia, agregó, de diversos organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y de la voluntad del Estado mexicano de avanzar en la tutela de los derechos humanos. “Nos duele Ayotzinapa, nos faltan muchos más de 43. Son miles de mexicanos y mexicanas que nos faltan como consecuencia de esa guerra fallida contra la delincuencia organizada”.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Alejandro Sánchez Camacho (PRD), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que la reforma permitirá adecuar, en una ley general, los tipos penales de desaparición forzada de personas y tortura, acorde a los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha suscrito nuestro país.
La enmienda, dijo, responde a “una catastrófica realidad” que ha privado en nuestro país desde la época de la guerra sucia a la fecha. Mencionó que según datos del Comité Eureka, un grupo conformado por familias de los desaparecidos en la década de los setentas, se contabilizan 557 desapariciones forzadas y casos de tortura.
La reforma, aseguró, será un parteaguas en materia de impartición de justicia, de plena observancia, respeto y promoción de los derechos humanos. Abre, además, un compromiso para la próxima Legislatura, el de dictar una legislación secundaria que contemple entre otros elementos básicos, la homologación de tipo penal de los delitos de desaparición forzada de personas y tortura, conforme a los tratados internacionales.
Un compromiso, continuó, para una búsqueda metodológica y técnica de las personas desaparecidas; para terminar con la impunidad en esta materia; para promover que en los Códigos Civiles locales se hagan las reformas correspondientes con el propósito de agilizar la declaración de ausencia por desaparición forzada, y que las víctimas indirectas puedan realizar sus trámites familiares y administrativos en forma ágil.