La participación de la sociedad civil en México ha crecido en años recientes, dice este día un amplio artículo de la afamada revista británica The Economist. Ahora hay Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) más especializadas (tecnócratas, las llama), y otras VIP con ligas fuertes con el gobierno. Pero también están los grupos civiles que han metido presión, en las calles, a temas como el de los 43 estudiantes desaparecidos, los conflictos de interés y la corrupción.
Estas ONGs tienen hoy una voz, aunque dependen de los medios (prensa y redes sociales) para difundirla con éxito. Pero han logrado, como sucedió con las protestas en las calles contra Enrique Peña Nieto por la muerte de los 43 estudiantes y por el papel de su esposa Angélica en un potencial escándalo de conflicto de intereses, sacar al gobierno de su búnker. Así lo dice la publicación.
The Economist cuenta de Viridiana Ríos, una activista de 32 años de edad que se crió en los suburbios pobres de la Ciudad de México pero no es de izquierdas. Se educó en Harvard y utiliza el análisis, estadísticas y campañas en medios sociales a favor de un gobierno limpio. “En lugar de adoptar las tácticas de los agitadores entusiasta de la calle, es parte de un movimiento de ‘expertos’ de la sociedad civil que está adquiriendo gran influencia en México. Sus armas son hechos y argumentos sólidos. ‘Somos la tecnocracia de la sociedad civil’, dice ella”.
En los últimos meses, agrega la publicación, después del asesinato de 43 estudiantes en Guerrero y tras las acusaciones generalizadas de corrupción, estas organizaciones han entrado en acción. Convencieron al gobierno de Enrique Peña Nieto a ir más allá de lo que originalmente quería en una Reforma Anticorrupción. “Yo iría tan lejos como para decir que, sin ellos, esta reforma no habría ocurrido”, dijo a The Economist Fernando Rodríguez Doval, del PAN y uno de los redactores de la ley.
En abril, grupos sociales presionaron con éxito para abrir el acceso a la información gubernamental. También lanzaron un “observatorio civil” para supervisar la construcción de un nuevo aeropuerto cerca de la Ciudad de México, dice la publicación inglesa. El gobierno dice que tendrá un costo de 169 mil millones de pesos (11 millones de dólares), pero no ha dicho dónde está el dinero y de dónde vendrá. “Y una organización, Mexicanos Primero, encabezada por un miembro de una familia industrial prominente, está tomando acciones legales para obligar a la Secretaría de Gobernación a por no ceder a los profesores radicales que se oponen a una reforma de la educación”.
The Economist dice que los métodos de las ONGs incluyen campañas de “nombrar y avergonzar” que corren bien en los medios sociales. México ¿Cómo Vamos? ha diseñado –por ejemplo– un “alcoholímetro” anti-corrupción. Muestra en tiempo real cuáles estados han aprobado la Reforma Anticorrupción. Diez de los 32 estados ya habían ratificado.
Recientemente, dos organizaciones no gubernamentales, el IMCO y Transparencia Mexicana, crearon una plataforma llamada Tres de tres, que anima a los candidatos en las elecciones legislativas del 7 de junio al ir más allá de los requisitos legales y hacer públicas sus activos, los intereses y las pruebas de que pagan impuestos. “La cabeza del IMCO, Juan Pardinas, dice que el objetivo es superar una crisis de credibilidad política en México –agrega The Economist–. Se insta a los votantes a enviar tweets a los candidatos donde dicen que los apoyarán sólo si aportan la información. Para el 29 de abril, 100 políticos habían respondido, incluyendo nueve candidatos a Gobernador”.
“No ha sido fácil para las organizaciones no gubernamentales alcanzar esta influencia en un país donde la élite tecnocráta brinca automáticamente a formar parte del gobierno. Durante gran parte del siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Peña Nieto, ha cooptado la sociedad civil. Su mal manejo en los esfuerzos de rescate tras el terremoto de México de 1985 produjo un aumento del activismo de base. Grupos de la sociedad civil ganaron mayor prominencia por luchar contra el fraude durante las elecciones en los años 1980 y 1990, hasta que el PRI finalmente perdió su 72 años en el poder, en 2000”.
Ahora que México se ha vuelto más democrático, agrega la publicación, las fundaciones estadounidenses que habían financiado algunas de estas ONGs se movieron hacia otra parte, dice Shannon O’Neil del Consejo de Relaciones Exteriores, un think-tankestadounidense. “Pero una nueva ley en 2004 dio a las organizaciones benéficas más acceso al apoyo del gobierno y las autoridades fiscales han hecho que poco a poco sea más fácil hacer donaciones deducibles de impuestos. El dinero norteamericano ha vuelto. Según una estimación, las donaciones de la Fundación Ford representa más de la mitad del financiamiento de las ONGs. Fundaciones empresariales mexicanas juegan un papel pequeño pero creciente”.
“Después de un período de calma, el número de ONGs creció de nuevo por los problemas de seguridad interna de México, que aumentaron a finales de los 2000s. Algunas, con el apoyo de grupos empresariales mexicanos, se convirtieron en altamente eficaces para lograr que el gobierno hiciera frente a la violencia relacionada con las drogas en ciudades del norte como Ciudad Juárez y Monterrey. Hubo, sin embargo, una división social, dice Juan Salgado del CIDE. Debido a que los delitos violentos afectaron tanto a ricos como a pobres, grupos de víctimas con dinero hicieron conexiones poderosas con el gobierno. Él les llama las ‘ONGs VIP’. Las organizaciones sociales anti-crimen tienden a ser más pobres, más ideológicas y más centrado en las causas de la delincuencia y en los derechos humanos. Y tienen eco más fuerte en las protestas callejeras que en el gobierno”.
Las organizaciones sociales, según la publicación, pueden desdeñar a sus hermanos más tecnocráticas, etiquetarlas títeres neoliberales y gubernamentales. “De hecho, algunos de sus líderes son graduados del ITAM, una de las más prestigiosas universidades de México, que desprecia los sesgos ideológicos que afligen a la mayoría de las otras. Se inculca un enfoque basado en la evidencia”.
“Los tecnócratas tienen un pragmatismo que hace que su agenda sea difícil de precisar. Por ejemplo, el IMCO apoya la Reforma Energética, al igual que los negocios. Pero también hace campaña contra la obesidad, de la que se culpa en parte a la industria alimentaria. Sobre la corrupción y la transparencia, muchas ONGs se han unido. También dependen de los movimientos de ciudadanos para poner al gobierno a la defensiva, como las protestas en las calles del año pasado contra Peña Nieto por la muerte de los estudiantes y por el papel de su esposa en un potencial escándalo de conflicto de intereses”.
Estos incidentes obligaron al gobierno a salir de su búnker, dijo a The Economist Luis Rubio, jefe de CIDAC, un grupo de expertos. “Ellos tienen un nuevo pragmatismo. Al final se dieron cuenta de que necesitaban cierta legitimidad”.
Rubio dijo a la revista que las ONGs necesitan, sin embargo, de los medios. Y Viridiana Ríos se lo explica así: “Tenemos una voz. Pero la prensa y las redes sociales son nuestro megáfono”.
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