Al hablar de representación del gobierno mexicano y por encomienda del presidente Felipe Calderón en el acto de apertura a firma de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Personas con discapacidad, en la sede de la ONU en Nueva York, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Gilberto Rincón Gallardo, expresó que la Convención y su protocolo facultativo vienen a llenar un vacío en el marco jurídico internacional y contribuirán a fomentar cambios culturales en nuestras sociedades respecto a la forma en que abordamos la situación de las personas con discapacidad.
En la ceremonia especial realizada este día en el salón de la Asamblea General, Rincón Gallardo indicó que el aspecto más importante del nuevo tratado es que trasciende el enfoque médico asistencialista tradicional para dar paso al pleno reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión en la sociedad, con plena autonomía y libertad para tomar sus decisiones, lo cual deberá reflejarse en los marcos legislativos de cada Estado.
Ahora, dijo, el mayor reto de los Estados que ratifiquen el instrumento y de la ONU estará en garantizar que su espíritu y letra se traduzcan en resultados concretos. Será necesario trabajar a fin de que, a la brevedad, se cuente con las ratificaciones necesarias de los Estados parte para que entre en vigor. En esa línea confió en que el Senado mexicano ratificará en breve esta Convención.
Como se recordará, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por el pleno de la Asamblea General de la ONU el pasado 13 de diciembre y para entrar en vigor y tener fuerza vinculante necesita ser ratificada por al menos 20 Estados. México hoy se ha convertido en el primer Estado en ratificarla, en consonancia con el hecho de que fue el país promotor de la misma.
“Una vez que la Convención entre en vigor, advirtió el presidente de CONAPRED, los Estados parte tendremos que enfrentar con perseverancia el enorme reto de llevar a cabo la armonización de la legislación interna”.
A este respecto, definió tres desafíos inmediatos: promover la no discriminación hacia las personas con discapacidad, impulsar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración de las políticas públicas correspondientes y hacer exigible el cumplimiento de los principios de la convención, traducidos en legislaciones locales.
Al final de su intervención, en nombre del gobierno mexicano, Rincón Gallardo felicitó y agradeció a los agentes gubernamentales que, dijo, tuvieron un destacado papel en el proceso de formulación y aprobación de la Convención, al tiempo que reconoció que la misma no hubiese sido posible sin la participación de los grupos de la sociedad civil y manifestó su deseo porque la colaboración entre ambos sectores continúe presente para hacer efectiva la aplicación de esta norma internacional.