Para activistas y expertas en materia de contención de violencia en Chihuahua, el diagnóstico es claro: el crimen cometido por cinco menores de edad en contra de otro niño de seis años, Christopher Márquez, en una colonia de la periferia de la capital del estado sólo un “reflejo” de la sociedad violenta, impune y empobrecida en la que se ha convertido aquella entidad norteña desde más de 20 años.
“Indudablemente es reflejo de la sociedad que somos. Consecuencia de la suma de muchas negligencias, omisiones, ausencias de la sociedad, por parte del Estado, y que se acumulan: una situación socioeconómica en la que la pobreza se ha recrudecido en todo Chihuahua, más una historia de violencia que no tengo que platicar y sobre la que no sólo no se ha querido actuar: no se ha querido ni siquiera reconocer”, dice Lourdes Almada Mireles, ex dirigente de la Red por los Derechos de la Infancia en Juárez y hoy académica en la Universidad Autónoma de la misma ciudad.
La historia de violencia a la que se refiere Almada es la registrada apenas el sexenio anterior, cuando entre 2008 y 2012 en Chihuahua se cometieron más de 10 mil homicidios atribuidos a la disputa del crimen organizado por el territorio y la entidad se convirtió en la más violenta de México, registrando, tan sólo en 2010, más de 3 mil 500 asesinatos.
A la violencia, en esos años se fue sumando una impunidad similar debido a que todas las mediciones indican que hasta un 97 o 98 por ciento de los asesinatos en la entidad han quedado sin castigo. En Ciudad Juárez, tan sólo, hay unos siete mil homicidios cometidos con armas de fuego de alto calibre cuyos expedientes ni siquiera se abren por parte del ministerio público del estado, que espera que los atraiga la Federación.
En ese contexto de violencia e impunidad, en la entidad se han registrado cada vez más casos en los que menores de edad cometen crímenes ya sea contra adultos u otros niños. Tal fue el caso de una joven de 17 años identificada como Ana Carolina, detenida en mayo de 2013 como probable responsable del homicidio de sus padres adoptivos en Chihuahua y que contó con la ayuda de dos adolescentes más que le ayudaron a asesinar a su familia y a calcinar y abandonar los restos. Luego, en febrero de este 2015, otros tres menores de edad –de 15, 16 y 17 años y presuntos integrantes de una pandilla– fueron detenidos en Juárez como probables responsables del asesinato de Irving Reyes González, de 14 años, cuyos restos fueron encontrados enterrados en una fosa de una casa ubicada en la zona centro, envueltos en una cobija.
Y, el jueves pasado, Chihuahua sacudió de nuevo al país con la noticia de que cinco adolescentes, conducidos al parecer por uno de 15 años presuntamente integrantes de una pandilla, asesinaron a golpes y con una saña brutal al niño Christopher Raymundo Márquez, de seis años, en una colonia apartada de la mancha urbana, en la zona aledaña al Centro de Readaptación Social San Guillermo, al sureste de la ciudad.
“De acuerdo con detalles dados por el Fiscal Sergio Almaraz, el asesinato fue cometido por cinco jóvenes: dos mujeres de 13 años, dos varones de 15 y un menor de 11; quienes supuestamente invitaron al niño a jugar y juntar leña en la ladera del arroyo, lugar en el que le indicaron que simularían un secuestro. Acto seguido, ataron a Christopher de pies y manos, comenzaron a golpearle con un palo espinoso y lanzarle piedras en el rostro. Después, colocándole un palo en el cuello, lo sofocarían. Una vez que los adolescentes creyeron muerto al pequeño, cavaron un hoyo para enterrarlo boca abajo y posteriormente, una de las jóvenes le apuñaló por la espalda. Para ocultarlo, sepultaron completamente el cuerpo, taparon el lugar con maleza y colocaron un animal muerto sobre la superficie para no llamar la atención”, agregó el mismo reporte.
“NUNCA PENSAMOS QUE NOS IBAN A DESCUBRIR”
Este crimen, insiste Almada, “es parte de esta cultura que permeamos sobre los más pequeños, consecuencia de la impunidad, de esta historia que tenemos en la que no sabemos quién mató a los padres de miles de niños, y que al final reconstruye esta idea de que hagas lo que hagas no pasa nada. “¿Cómo hacemos que los niños sepan que no deben hacer lo que hacen?”
Con ella coincide Alma Gómez Caballero, abogada de la organización Justicia para Nuestras Hijas y del Centro de Derechos Humanos de la Mujer, con sede en la capital del estado.
“No es más que el reflejo de una sociedad violenta, que promueve el individualismo y el consumismo, y donde el Estado ha fallado en su obligación de garantizar promover salvaguardar los derechos de las personas, incluyendo el derecho primordial a la vida. Es el reflejo de todo esto”, dijo Gómez.
Los diagnósticos que se han hecho sobre la violencia en Chihuahua, sobre todo a partir de los cientos de asesinatos de mujeres cometidos en Ciudad Juárez y en la capital del estado desde la década de los años 90, anticiparon también desde hace al menos 10 años que la falta de castigo estaba enviando el mensaje de que matar no tenía consecuencias.
“La impunidad es un factor que ha contribuido a perpetuar los homicidios y la violencia (…) el que un crimen quede impune lo hace más fácil para quienes están cometiéndolos”, dijo en Chihuahua, en febrero de 2005, la relatora de la Organización de las Naciones Unidas sobre Violencia contra la mujer, Yakin Erturk.
Entrevistada entonces por El Diario, la funcionaria del organismo internacional apuntó al mismo problema, la impunidad, cuando el medio le preguntó qué consideraba que era la causa de la problemática de una ciudad como Juárez, desde entonces internacionalmente sinónimo de violencia.
“Claro que hay numerosos reportes, y uno de los temas principales que se observan entre líneas es el asunto de la impunidad, el que estos hechos no sean propiamente investigados, que queden sin resolver, y que ha contribuido a la expansión del problema”, agregó Erturk.
Mientras la impunidad no fuera erradicada, insistió la funcionaria ante el Diario de Chihuahua, todo tipo de crímenes sin castigo podrían dar paso a una especie de estilo de vida violento que luego sería aún más difícil de resolver.
Un año antes, en 2004, un caso de parricidio había sacudido a la comunidad fronteriza que se horrorizó ante la frialdad con la que un joven de 16 años planeó el homicidio de su padre, madre y hermana menor, y lo llevó a cabo con la ayuda de dos amigos de su Colegio de Bachilleres.
El autor intelectual, Vicente León Chávez, dio una entrevista a El Diario de Juárez horas después de ser arrestado por agentes del ministerio público, y ahí narró por qué, como habían dicho al mismo medio previamente sus cómplices, se les hizo “fácil” cometer ese crimen.
“En realidad pensamos que era un plan perfecto. ¡Es que ni por aquí (la cabeza) nos imaginamos que existía la policía! Nunca, nunca pensamos en eso. Nosotros pensábamos que los iban a encontrar (los cadáveres de su familia), que habría entrevistas, como ahorita, con la policía, y que sería un caso que iba a quedar ahí y se olvidaba. Nunca se nos ocurrió decir: ‘¿Y si nos descubren? ¿Y si nos agarran? Porque decíamos en la plática: ‘estamos en México, es un país corrupto, que la policía está de adorno’. O sea, nos vamos con la imagen de que México es corrupción, impunidad, porque ¿cuántos casos, así como el de las muertas de aquí de Juárez, o sea, cuántas son? Van 400 o algo”, dijo el adolescente a El Diario.
Lourdes Almada, hoy académica de la Maestría en Psicoterapia Humanista y Educación Para la Paz, agregó en la entrevista con SinEmbargo que, desde 2006 –“antes de la crisis”, en relación al periodo violento de 2008 a 2012– en la Red por la Infancia detectaron a través de sondeos la indiferencia con la que los menores de edad reaccionaban ante el crimen.
“Una de las preguntas que les hacíamos era ‘para ti, ¿qué es la violencia?’. Y un chico de secundaria nos contestó que ‘la violencia es algo que está gacho que te hagan a ti, pero que está bien chido hacer’, y eso que en ese entonces no habíamos tenido los niveles de violencia e impunidad que tuvimos, la exhibición de colgados y destripados; y ahora, a propósito de este caso en Chihuahua, he pensado en este chico y digo: al final de cuentas es el ciclo que se repite, y estos chicos que perpetraron este asesinato creo que han estado en esa disyuntiva, y para ellos ejercer la violencia de esa forma es la manera de salvarse de recibirla”, dijo Almada.
La académica también recordó que, en los años 80, cuando se hacían los primeros análisis sociológicos sobre las condiciones de trabajo en las empresas maquiladoras, los investigadores ya se preguntaban cómo serían los hijos de las madres trabajadoras de esa generación, que en gran medida crecían solos porque las instituciones no proveían de espacios de cuidado suficiente.
Y en 2009, agregó, mientras en pleno estallido de violencia las organizaciones sociales realizaban la campaña “Escúchame”, por la niñez de Juárez, se volvieron a preguntar cómo serían los hijos de las víctimas de la violencia, de más de 10 mil hombres y mujeres asesinados o desaparecidos.
“Eso ya nos llegó ahora”, dije Almda. “Es un problema social muy amplio, que emerge de muchas maneras. Hay compañeras en una primaria a quienes les pidieron atender a los niños de primero, cuando regularmente el problema eran los de quinto o sexto. Pero ahora desde primero hay niveles de agresividad sin control. Y yo les decía: ‘son los niños que nacieron en la crisis de violencia”, agregó Almada.
La precariedad económica de un estado cuya principal fuente de empleos formales es la industria maquiladora, donde los obreros ganan dos salarios mínimos al día, fue un elemento más identificado por las entrevistadas en la descomposición social de Chihuahua.
“Esto habla de una sociedad que vive inmersa en la violencia y que no está siendo atendido desde la parte punitiva, que es muy importante, pero tampoco desde la parte preventiva; desde el ingreso, el salario mínimo. Las personas persona van a trabajar ocho horas, si tienen suerte de que en su trabajo la lleven; si no, gastará una hora en el traslado, y ¿para ganar el salario mínimo, que es 700 pesos a la semana? De ahí vienen los problemas, de la precariedad, disminución del empleo, el no acceso a los servicios. Todo eso no es un asunto no sólo delictuoso”, dice Gómez.
SinEmbargo