El desplegado que apareció en diarios nacionales de México fue inusual: 20 poderosas asociaciones empresariales y centros de análisis públicamente criticó al gobierno por no hacer su trabajo.
En el anuncio pagado, y publicado a una página completa el mes pasado, le exigieron “garantizar a la sociedad, a las empresas, a sus trabajadores y a los organismos que las representan, las condiciones necesarias para cumplir sus objetivos y transitar con plena seguridad en todo el territorio”.
Y concluía con una demanda a las autoridades, incluido el propio presidente Enrique Peña Nieto: “honren su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución”.
Los señalamientos críticos de la comunidad empresarial en el desplegado fueron una muestra de la erosión del respaldo al gobierno de Peña Nieto, quien entra al tercero de sus seis años de gobierno.
Líderes empresariales han tenido un enojo creciente hacia el gobierno tanto por el incremento de los impuestos, sin que eso se tradujera en mejoras de la economía, escándalos que apuntan a posibles favoritismos políticos, y actos ilegales que dañan el comercio y los negocios en general.
La semana pasada, Coca-Cola suspendió sus operaciones en Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, debido a ataques y la retención de algunos de sus empleados. Ahí y en otros estados, empresarios se quejan de que pierden mercancías por secuestros en carreteras.
México ha visto como en algunas zonas manifestantes han tomado el control de casetas de peaje, saqueado oficinas gubernamentales, bloqueado el paso de cargamentos y el cierre de aeropuertos. Además, carteles de las drogas controlan algunas áreas, donde extorsionan a propietarios de negocios, compran autoridades y afectan industrias importantes como la agricultura y el turismo.
Luis Foncerrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, reconoció que “no es común” que los empresarios publiquen ese tipo de desplegados críticos.
El Economista