La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al Ejecutivo federal y a los gobiernos estatales que diseñen e implementen las políticas públicas para atender el desplazamiento interno en nuestro país, conforme al derecho humanitario internacional.
En un dictamen que se aprobó en la sesión del pasado 20 de mayo, la Permanente pidió a la Secretaría de Gobernación un informe detallado sobre este fenómeno.
Senadores y diputados consideraron que el conocimiento sobre el número de personas afectadas, lugares de origen, motivos y consecuencias de los desplazamientos, ubicación de los núcleos de personas desplazadas, necesidades y requerimientos, es esencial para generar la respuesta apropiada a este tipo de fenómenos.
Los legisladores destacaron que en México existen decenas de miles de personas que han tenido que salir de su lugar de origen debido a la violencia y aunque las autoridades tienen conocimiento de este fenómeno, “no se ha estudiado su magnitud ni se ha ayudado a las víctimas”.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, agregaron, ha documentado casos de desplazamiento interno forzado debido a conflictos comunitarios, desastres naturales y violencia; así como probables desplazamientos “a causa del desarrollo de megaproyectos en los que no se respetan los principios de la consulta previa a las comunidades”.
Las poblaciones desplazadas abandonan su lugar de residencia habitual en movimientos colectivos, debido por lo general a un desastre repentino –como un terremoto o una inundación–, a una amenaza o a un conflicto armado, como mecanismo para hacer frente a la situación y con la intención de regresar.
En el documento avalado también se menciona que estas personas se enfrentan de manera inmediata a la necesidad de cobijo y alojamiento, agua potable y alimentos; de garantizar su seguridad física y la de su familia; de acceder a condiciones higiénicas en el lugar en que se sitúan; de atención médica y psicológica.
Debido a que han abandonado de manera abrupta su lugar de origen, no llevan consigo documentos para acreditar su identidad, lo cual les limita el acceso al pleno goce de sus derechos: trabajo, educación, asistencia social y propiedad, entre otros.
Las personas desplazadas, se añade, son víctimas de una múltiple violación a sus derechos y están sometidas a precarias condiciones de vida durante un periodo de tiempo indeterminado, lo cual implica una serie de obstáculos y dificultades objetivas que impiden que puedan disfrutar de una vida digna con base en sus propios esfuerzos.