México, uno de los pocos países rico en diversidad alimentaria y cultural, vive actualmente un panorama de desnutrición y obesidad debido a que el gobierno federal no tiene entre sus prioridades el apoyo a los pequeños productores, y en su lugar, favorece la entrada de grandes empresas de alimentos procesados.
Lo anterior fue denunciado por un grupo de asociaciones civiles como parte de las conclusiones del Foro “Del Pequeño Productor al Consumidor: diversidad y nutrición”, organizado por la Alianza por la Salud Alimentaria, quienes exigieron al gobierno mexicano una política integral de alimentación y nutrición que pretenda resolver el principal problema en México: la baja disponibilidad y acceso a alimentos saludables como son las verduras, frutas, frijoles y otras leguminosas, granos enteros; a la par reducir el consumo creciente de alimentos ultra-procesados”.
En un comunicado de prensa lanzado al terminar el foro en el que participaron integrantes de organizaciones como el Centro de Orientación Alimentaria (COA), la Escuela Mexicana de Cocina, Greenpeace y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), criticaron que el gobierno ha establecido políticas aisladas como la Cruzada Nacional Contra el Hambre o la Estrategia Nacional para el Control y la Prevención del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que fallan en reconocer la tradición culinaria mexicana y el gran potencial de los pequeños productores que resguardan esta diversidad, pues ellos producen alrededor del 40 por ciento de los alimentos nacionales que consumimos a diario y son responsables de más del 80 por ciento de la diversidad de los alimentos”, escribieron.
Hicieron énfasis en que México es uno de los países de mayor diversidad biológica y cultural, que se encuentra entre las doce naciones que en conjunto albergan entre el 60 y 70 por ciento de la biodiversidad total del planeta.
Denunciaron que “en nuestro país, los pequeños productores han sido abandonados mientras tanto, en otras regiones de América Latina como Argentina, Brasil y Chile la pequeña agricultura o agricultura familiar es reconocida y apoyada con numerosos programas que no sólo apoyan la producción sino que garantizan la comercialización de los productos”.
Resaltaron el papel del estado como ente fundamental para apoyar este tipo de producción, “identificando las oportunidades de compra y distribución que abastezcan los programas sociales en lugar de privilegiar a las grandes multinacionales que dominan el mercado de alimentos”.
En una mesa en la que participaron Fernando Bejarano de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Alejandro Calvillo, presidente de El Poder del Consumidor y Yatziri Zepeda del Proyecto Alimente, los ponentes retomaron la crítica al uso de plaguicidas altamente peligrosos que continúan usándose en el país pese a que en otros ya los han prohibido, así como a los productos transgénicos, pues no es sustentable y representa una amenaza a la salud, el medio ambiente y la seguridad alimentaria.
Dijeron que en México existen alrededor de 100 alimentos orgánicos certificados lo que demuestra que técnicamente es posible, sin embargo las políticas no favorecen la transición a la agricultura ecológica.
Los activistas y expertos dieron una serie de propuestas para mejorar la salud alimentaria, empezando por prestar atención al campo, particularmente de los pequeños productores “ya que no sólo son proveedores de alimentos saludables sino que también constituyen una población vulnerable, social y nutricionalmente. Es importante replantear desde el modelo económico hasta la construcción de una propuesta alternativa de relación entre el consumidor y el productor; desde la parcela hasta la mesa”.
A continuación, se mencionan las propuestas emitidas durante el foro:
Garantizar el derecho a la alimentación mediante el acceso seguro a alimentos denominados estratégicos: frijol, verduras, frutas y hortalizas, maíz, amaranto, pescado, chía, semillas y aguacate.
Las políticas agroalimentarias deben revalorar al pequeño productor como sujeto productivo, no como objeto de asistencialismo. De igual modo, se debe reconocer el papel de la mujer rural en la producción de los alimentos.
Gobierno, academia y sociedad en general deben reconocer el importante papel que tiene el pequeño productor en la salud y la economía del país.
Generar los recursos para fortalecer su producción y establecer los mecanismos para garantizar la comercialización de sus productos.
Conocer, valorar y proteger nuestras cocinas tradicionales y sus contextos bioculturales.
Invitar y facilitar el acercamiento entre consumidores urbanos y pequeños productores.
Promover circuitos cortos basados en la producción local de alimentos para proveer a los distintos programas sociales de abasto que operan en el país. Incluso, se propone la creación de una empresa gubernamental que realice las compras directas a pequeños productores, fortaleciendo la economía local.
Transitar a una agricultura ecológica que beneficia toda la cadena agroalimentaria además de llevar a cabo una prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos como recomienda FAO y organismos no gubernamentales a los gobiernos como medida de reducción de riesgos a la salud y el medio ambiente.
SinEmbargo