A través de su blog personal, Ricardo Salinas Pliego, propietario de Elektra, se lanzó en defensa de la subcontratación, también conocida como outsourcing. Este modelo de prestación de servicios ha estado bajo la mira del Poder Ejecutivo desde que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció el 12 de noviembre que enviaría una iniciativa de ley para prohibir la subcontratación y regular la prestación de servicios especializados.
Esta sería la segunda propuesta de ley que tendría como objetivo regular en torno a la subcontratación, en la cual una empresa contrata a otra para que le preste sus servicios, creando dos tipos de trabajadores al interior de una misma empresa. Es decir, en un mismo negocio estarían laborando dos tipos de empleados, por un lado, aquellos que están contratados directamente por la empresa, y por el otro, aquellos que son contratados a través de otra empresa.
Este tipo de instrumentos se originó para reducir los costos de ciertas actividades. De tal forma que, por ejemplo, si una empresa se dedica a la producción de alimentos, pero también necesita encargarse del área de recursos humanos de sus empleados, contratará a una empresa que se haga cargo de llevar esas tareas. Sin embargo, desde que comenzó este modelo de negocios, han habido abusos en perjuicio de los trabajadores.
Por ejemplo, en el caso mexicano, resulta que por los contratos temporales que tienen los empleados subcontratados, estos no serán partícipes de algunos beneficios que les corresponden por Ley, por ejemplo, el reparto de utilidades. De tal forma que se han dado casos de negocios que contratan a la mayoría de su personal a través del outsourcing para evitar este tipo de obligaciones para con sus trabajadores.
También han sido registrados casos en los que empresas extranjeras recurren al outsourcing para ocupar mano de obra de países donde les resulta más barata. Tal es el caso de la empresa Apple que en el 2010 fue expuesta por The Guardian por la explotación que hacía de trabajadores en China para la elaboración de sus dispositivos.
Pese a esto, han habido reacciones adversas a la iniciativa del presidente Andrés Manuel para prohibir este tipo de actividades. Abigail Quiroz Vargas, presidenta de Fundación Trabajo Digno, explicó para Animal Político que un 10% del outsourcing del país corresponde a aquel que sí es “especializado que le facilita la vida a las empresas con el tema administrativo, y es el que sí se justifica”.
Por otro lado, el argumento de Salinas Pliego es que la contratación de servicios es una práctica común que “no tiene absolutamente nada de malo”. Aunque no hace mención de los perjuicios que sufren los trabajadores incorporados al modelo de subcontratación, si responsabiliza al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de ser “incapaz de impedir los abusos por parte de algunas empresas ‘proveedoras de servicios’”.
Además, acusa que “lo que hoy se propone es dejar a los evasores impunes y perseguir a las empresas que utilizaron estos servicios y que pagaron por ellos”. Además de que defiende la libertad de comercio, reclamando que esta medida “Sobre-regula, crece el costo de la burocracia y el entorpecimiento de la misma a las actividades productivas, que ahora serán criminalizadas”.
Aunque Ricardo Salinas Pliego anima al SAT en su texto de presentar pruebas en contra de los “presuntos evasores” para que no “paguen justos por pecadores”, a finales de octubre la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió que Grupo Elektra deberá pagar 18 mil 455 millones de peso al mismo SAT.
“Sigamos al pie de la letra la máxima del Presidente: ‘Prohibido prohibir’”, concluye el texto.
Los puntos de Salinas Pliego:
1- En el pasado, el SAT fue incapaz de impedir los abusos por parte de algunas empresas “proveedoras de servicios”. Para cubrir esta falta, ahora se pretende señalar y castigar a los usuarios legítimos de estos servicios e imponer una enorme carga regulatoria a las empresas que han hecho las cosas bien. La omisión del SAT en el pasado fue causada por corrupción, que nada tiene que ver con insuficiencia de leyes. Bajo este marco legal, las facultades de auditoría de este organismo le permitieron detectar y someter a las empresas culpables de malversar los impuestos retenidos y que no pagan ISR. En cambio, lo que hoy se propone es dejar a los evasores impunes y perseguir a las empresas que utilizaron estos servicios y que pagaron por ellos —de ninguna forma corresponde a estas empresas hacer el trabajo de fiscalización.
2- Desafortunadamente, el senador Gómez Urrutia tiene agravios históricos que nublan su visión. La prestación de servicios entre empresas no tiene por qué afectar los derechos de los trabajadores. Usuarios y prestadores de servicios están obligados por ley a cumplir con sus respectivos trabajadores. No hay distintas leyes aplicables a quien recibe y a quien presta un servicio. Si el senador quiere tener un sindicato más grande, debe buscar más afiliados, pero de ninguna manera puede obligar que toda actividad económica se haga exclusivamente por trabajadores de una sola empresa afiliada a su sindicato.
Fuente: Infobae
Source: Mexico