Un fiscal federal argentino imputó al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) por omisión maliciosa en su declaración jurada y por enriquecimiento ilícito, al dar impulso a una investigación relacionada con el fideicomiso ciego que constituyó en el inicio de su mandato.
El fiscal Ramiro González requirió que se le remitan las declaraciones juradas que el entonces presidente presentó en 2015 y 2016, en base a una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA), que funciona bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
Este organismo denunció a Macri por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas y enriquecimiento ilícito. En paralelo, la OA sospechó la posible comisión del delito de lavado de activos, por lo que pidió que se investigue el fideicomiso creado por el entonces mandatario el 12 de abril de 2016, cuatro meses después de que accediera a la presidencia
El organismo había puesto bajo la lupa una operación del fideicomiso ciego del expresidente con la empresa Agro G, a raíz de un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ).En consecuencia, el fiscal solicitó “al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) se sirva tener a bien remitir —de manera digital—”, una serie de constancias de la empresa “firma Agro G (Agropecuaria del Guayquiraró) SA”.
La IGJ había solicitado en abril que se declarase nulo el “contrato de fideicomiso ciego de administración” de los bienes de Macri, al describir una serie de irregularidades que presentó ante la OA.
Según la presentación del organismo, los bienes incluidos en “el denominado fideicomiso ciego de administración no constituían, ni por asomo, la totalidad” del patrimonio del entonces presidente de Argentina.
Esos bienes, en concreto, apenas representaban “un 53 por ciento del conjunto total” de las pertenencias y propiedades de Macri.
Inconsistencias en declaración jurada
En su Declaración Jurada Patrimonial Integral de Carácter Público, del año 2015, Macri indicó que poseía el 14,7 por ciento del capital social de Agro G, cuando en realidad su tenencia accionaria era mucho mayor, según la IGJ.
La IGJ también señaló que correspondería imputarle la transferencia de al menos 45.000 pesos (450 dólares al cambio oficial actual) provenientes de un ilícito penal con los que adquirió la titularidad de 45 acciones de la firma Molino Arrocero Río Guayquiraro, lo que se habría concretado entre el 23 de mayo de 2011 y el 12 de abril de 2019.
El organismo, que fiscaliza a las sociedades comerciales, declaró así “la irregularidad e ineficacia en términos administrativos” de todos los actos societarios realizados por cuatro empresas vinculadas a Macri: Molino Arrocero Río Guayquiraró SA, María Amina SA, 4 Leguas SA y Agro G SA.
El Código Penal castiga con pena de 15 días a dos años de prisión, e inhabilitación especial perpetua a quien estuviere obligado, en razón de su cargo, a presentar una declaración jurada patrimonial, y maliciosamente falseare u omitiere insertar los datos que los documentos deben contener.
La causa se tramita en el juzgado de la magistrada federal María Servini.
Fuente: Sputnik
Source: Mundo