Documentos filtrados y arrancados a Hacking Team -empresa italiana dedicada al diseño de programación digital para el espionaje- advierten que el Gobierno del Estado de Baja California mantiene con ellos una cuenta activa por varios millones de pesos.
A decir de los archivos a los que ZETA ha tenido acceso y al análisis de organizaciones nacionales e internacionales, la empresa que contrató el Gobierno del Estado realizó pagos millonarios para la adquisición de un sofisticado programa de espionaje, el cual el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, niega.
La Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California, dirigida por Antonio Valladolid Rodríguez, aparece en listas y documentos que hasta hace días se mantuvieron en la confidencialidad de Hacking Team, revelando montos, detalles, negociaciones y empresas intermediarias sobre el programa que ha sido utilizado en otros países para espiar y amenazar a abogados, periodistas, así como a defensores de los Derechos Humanos, políticos y funcionarios varios.
También, miles de conversaciones y correos electrónicos confidenciales de Hacking Team fueron hechos públicos, entre ellos, donde se discute y se involucra a funcionarios del Estado para la celebración del convenio con Baja California en 2014 y la intención de renovarlo en el presente año.
En el intercambio de correos electrónicos se confirma la participación de una empresa intermediaria radicada en Tijuana, además, la correspondencia evidencia el contacto personal con Valladolid y solicitudes de oficios enviados a Lorero Quintero, oficial mayor del Gobierno del Estado. De tal forma se estaría revelando un caso de ilegalidad institucional, un hecho delictivo contemplado no solamente en la Constitución Política de México, sino en tratados internacionales a los que el país reconoce.
ESPIONAJE A FUNCIONARIOS Y CANDIDATOS
Entrevistados por ZETA, políticos del Partido Acción Nacional y de la oposición amigable coincidieron: Antonio Valladolid, el secretario de Finanzas, no tenía reparos para presumir de poseer un equipo y programación para espiar y vigilar a funcionarios del Gobierno del Estado.
Uno de los informantes relató: “Entrado en copas, Antonio Valladolid se relajaba y alardeaba que tenía a todos los funcionarios bien agarrados. Que sabía todo lo que hacían, con quién salían, si tenían novias, si hacían negocios, con quién se mensajeaban y con quién hablaban; que sabía todo porque tenía un equipo de espionaje para mantenerlos a raya”.
De hecho confiaron cómo al margen de la procuradora Perla del Socorro Ibarra, a quien de hecho le habían comprado un equipo propio para el área de antisecuestros y utilizarlo por los cauces legales para combatir el crimen organizado, la Secretaría de Finanzas tomó la delantera en la adquisición de otro equipo y programación con las mismas facultades, pero destinado al espionaje político.
Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública del Estado, también fue puesto al margen. No se enteró de la compra ni operó el equipo para las tareas de combate a la inseguridad o inteligencia policiaca. Las únicas personas que estaban al tanto de la adquisición de Valladolid, con dineros del presupuesto estatal, fueron la oficial mayor Loreto Quintero, quien recibió cotizaciones; el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, quien conoció del caso al tomar posesión y saber que no había equipo para “actividades de inteligencia”; y el escolta de Valladolid, Cruz Barragán, quien con calzador político fue ubicado como jefe de escoltas empresariales en Seguridad Pública, y quien de hecho -dijeron a ZETA- maneja parte del equipo de espionaje.
Víctimas de los espías ilegales, confiaron que del control del gabinete, el equipo y programación de espionaje pasó a ser utilizado con personas que no laboran en el gobierno, para saber las intenciones y relaciones de aspirantes y candidatos de Acción Nacional en el pasado proceso electoral, e incluso con algunos particulares, cuya vida interesa a Antonio Valladolid. Conocer los hechos privados de personas públicas y actores sociales, se convirtió en una tarea normal dentro de la Secretaría de Finanzas del Estado.
GOBIERNO TRIANGULA LA COMPRA
ZETA pudo acceder a las carpetas -y obtener copias de los archivos– que a inicios de la semana estuvieron a disposición en al menos dos sitios de internet y que a la fecha han sufrido bloqueos o están inhabilitados.
Entre los documentos obtenidos, están facturas, datos de trasferencias bancarias, listas y fechas de clientes y empresas que contrataron el servicio para triangularlo con los gobiernos mexicanos.
Por ejemplo, la factura que giró Hacking Team a una empresa tijuanense el 29 de septiembre de 2014, un año antes de la fecha de vencimiento a la que se le adjudica al Estado de Baja California. Se trata de Elite By Carga, firma que se dedica a la venta de accesorios tácticos con domicilio en Bulevar Sánchez Taboada número 9250-6, Zona Rio Tijuana.
El concepto de la orden de compra, marca un total de 265 mil dólares que, con el tipo de cambio (según el SAT a finales de septiembre), corresponde a 3 millones 564 mil 250 pesos. Se aprecia otra empresa intermediaria mexicana de nombre SYM Servicios Integrales, S.A. de C.V., ubicada en la calle Tlaxcala de la colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc del Distrito Federal.
En las listas y facturas ordenadas por meses de las carpetas de Hacking Team, la única venta celebrada en septiembre para México (el mes que adquirió el gobierno de Baja California) es la que se vincula con Elite By Carga.
A decir por los documentos exhibidos, la misma empresa contrató el servicio para los estados de Durango y Yucatán.
El 22 de octubre, a la cuenta de Elite By Carga con Hacking Team, de 265 mil dólares, se le hizo un ajuste de menos de 50 mil dólares, según la factura (credit note 048/2014, publicada en internet). El cliente revocó la licencia para intervenir a 10 targets (objetivos) y para la plataforma iOS (sistema operativo de Apple) en el mismo servicio de “Sistema de Control Remoto Galileo”.
En otra hoja de cálculo adjudicada a la empresa italiana, se describe que Elite By Carga realizó el pago de la contratación del 29 de septiembre en dos momentos de “fecha real de pago”: el 28 de octubre y el 6 de noviembre.
PROMO-HAKCING-TEAM
ELITE, PROOVEDOR DE GOBIERNOS
Elite By Carga es una empresa de Tijuana que provee principalmente a los gobiernos de equipo táctico, como uniformes, botas y binoculares.
Es parte de un consorcio de nombre Grupo Armor, que vende todo lo relacionado con seguridad pública y privada, desde uniformes hasta cámaras y blindaje de carros, tanquetas o aeronaves. Su ubicación es la colonia Buena Vista, sobre la calle Juan Ojeda en La Mesa de Tijuana, a metros de las oficinas del Partido Acción Nacional.
Según su aviso de privacidad, Grupo Armor está integrado por tres empresas más, entre ellas, Carga Security y Blindado Seguro, S.A. de C.V., esta última, también proveedora del Gobierno del Estado y quien le vendió dos camionetas blindadas tipo Suburban 2015 para trasportar al gobernador “y a su familia”.
La compra de las dos camionetas, mediante una adjudicación directa a finales de 2014, tuvo un costo de 4 millones 11 mil 456 pesos.
EMPLEADOS DE HACKING TEAM SE REUNIERON CON VALLADOLID
Durante la semana, la plataforma WikiLleaks publicó miles de correos electrónicos y conversaciones de Hacking Team, en ellas, se da cuenta que su personal de Italia se hospedó en Mexicali y Tijuana para resolver problemas técnicos con su cliente y el gobierno de Baja California.
Con cientos de conversaciones donde se describen fechas, lugares y lo que ahí se conversó, incluida una reunión con Antonio Valladolid y el propietario de Elite By Carga, el 15 de octubre de 2014.
El miércoles 8 de julio de 2015, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid negó ante los medios de comunicación la red delictuosa evidenciada en su administración: “No hay espionaje, no puedo decirles más que eso. No hay relación. Eso también nos sorprendió”.
Luego añadió: “No hay ningún contrato, no hay ninguna relación comercial con la empresa hacker y demás, ya lo revisamos y lo revisamos bien ante la Secretaría de Finanzas. También le solicité al contralor que hiciera una revisión muy minuciosa de todos los contratos que tenemos, sobre todo en esta administración”.
Los correos electrónicos liberados por WikiLeaks darían al traste con las declaraciones del gobernador, al evidenciar no solo la utilización de un intermediario entre la empresa italiana y el Gobierno de Baja California, sino reuniones de empleados de Hacking Team -con gastos pagados por la administración estatal- con personal de la intermediaria y con el titular de Finanzas del Estado y su equipo.
Carlos Alberto Guerrero Villanueva es presidente del grupo corporativo que mantiene contratos con varios estados de la República. Es el mismo nombre que aparece en las actas constitutivas de las compañías en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Baja California.
Una persona con este nombre y a quien se refieren como el “dueño” de Elite, aparece constantemente en las correspondencias filtradas de Hacking Team. Por ejemplo, con fecha 17 de octubre de 2014 (número de identificación de correo 5761) da cuenta que personal de Italia arribó a San Diego, California, para capacitar a los usuarios del Gobierno del Estado de Baja California.
En los reportes que el ingeniero identificado como Sergio Rodríguez-Solís envía a su jefe de Hacking Team, le describe los presentes en una reunión celebrada en octubre en Mexicali: “La reunión fue el martes 14 y asistimos: Cliente: Misael (usuario), Óscar (jefe de Misael), Antonio Valladolid (Secretario / Director del departamento). Él estaba dirigiendo la reunión. De Elite Tactical: Carlos Guerrero (Propietario), Víctor Gallardo (Manager), Daniel Moreno (Director)”, se lee uno de los correos subidos en la plataforma https://wikileaks.org/hackingteam/emails/emailid/5761
RESPUESTA DE ELITE
ZETA buscó la versión de la empresa Elite. Mediante un escrito negó la relación. Firmada por su consejo directivo, detalló: “En el tema que nos ocupa, Elite By Carga S.A. de C.V. no ha realizado compra o venta del producto a que hacen referencia los medios de comunicación”.
El comunicado explica que “es importante puntualizar que la empresa tiene proveedores y clientes de nivel nacional e internacional, vende tecnología de punta, va a la vanguardia en el tema de seguridad digital”.
Agrega que la compañía “se apega a todas las normas y cada una de las leyes y reglamentos y normatividad que establece nuestro país”. Y concluye: “Elite By Carga, S.A. de C.V. aclara que no ha vendido al Gobierno del Estado de Baja California, ningún aparato o equipo relacionado con los productos que ofrece la empresa Hacking Team”.
Sin Embargo