Subsidia ProAgro a hermanos del “Chapo”

Jesús y Ofelina Guzmán Loera, hermanos del recién fugado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, forman parte desde 1997 del padrón de productores beneficiados por el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), ahora conocido como ProAgro Productivo, reveló un reportaje de Excélsior.

Documentos obtenidos vía transparencia establecen que los familiares del capo han obtenido del erario más de 500 mil pesos para la siembra de pastos perennes, ajonjolí, maíz, sorgo y otros cultivos.

El reporte más reciente es del Ciclo Agrícola Primavera-Verano 2014, cuando la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) entregó a Ofelina Guzmán Loera subsidios para dos predios con número de registro 500300454 y 500306474.

Los hermanos del capo fueron inscritos cuatro años después de la primera captura de El Chapo y siguieron recibiendo apoyo después de la segunda aprehensión, ocurrida en febrero de 2014.

Dan subsidio a los Guzmán Loera

Tienen apoyo desde 1997, cuatro años después de la primera captura del capo.

El Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), ahora llamado ProAgro Productivo, diseñado hace 21 años para que los campesinos más pobres de México pudieran hacer frente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, subsidia a los hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel del Pacífico, quien se fugó por un túnel del penal de máxima seguridad del Altiplano el pasado 11 de julio.

Jesús Guzmán Loera y Ofelina Guzmán Loera forman parte del padrón de productores que reciben apoyos federales desde 1997, cuatro años después de que el narcotraficante fuera capturado por primera vez y cuatro años antes de que se escapara del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 2 de Puente Grande, Jalisco, escondido en un carrito de lavandería.

Documentos obtenidos a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) establecen que los familiares de Joaquín Guzmán Loera han obtenido del erario más de 500 mil pesos para la siembra de pastos perennes, ajonjolí, maíz, sorgo y otros.

Los terrenos de los hermanos de El Chapo, de entre 7.74 y 20 hectáreas según esos documentos, quienes invariablemente recibieron recursos en los últimos 17 años, están en Sinaloa, su tierra natal.

El reporte más reciente es del Ciclo Agrícola Primavera-Verano 2014, cuando la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) entregó a Ofelina Guzmán Loera subsidios para dos predios con número de registro 500300454 y 500306474.

Otro productor inscrito en el ProAgro Productivo es Jorge Luis Caro Payán, tío de Rafael Caro Quintero, quien junto con El Chapo Guzmán se encuentra en la lista de los fugitivos más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó el amparo que le había dado la libertad anticipada el 9 de agosto de 2013.

El líder del cártel de Guadalajara purgaba una condena de 40 años por los asesinatos del agente de la DEA Enrique Camarena y del piloto Alfredo Zavala, pero un tribunal colegiado le revocó la sentencia.

Jorge Luis Caro Payán recibe subsidios desde 2004 para la siembra de maíz y sorgo en Sinaloa. En diez años ha obtenido dinero público para el cultivo de cinco hectáreas de temporal en el ciclo agrícola Primavera-Verano.

Aún en la lista

La depuración realizada al final del sexenio pasado al padrón de lo que era el Procampo, a un costo de al menos 200 millones de pesos, no eliminó a familiares de narcotraficantes ni al entonces titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga Castañeda, o a los hermanos del expresidente Vicente Fox Quesada.

De 1997 a 2014, la familia Mayorga Castañeda recibió casi un millón 850 mil pesos del programa estrella para el campo, a pesar de que todavía el año pasado el artículo 6 de las reglas de operación establecían que bajo ningún concepto podrían ser beneficiarios de los programas y componentes los servidores públicos de la Sagarpa ni tampoco sus familiares hasta el cuarto grado.

Francisco Mayorga Castañeda fue director general (2000-2002) de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca) durante el sexenio de Vicente Fox Quesada), y posteriormente fue titular (2009-2012) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Francisco, Cristóbal, Miguel Arturo y Luz Teresa Mayorga Castañeda obtuvieron sin interrupciones subsidios para sembrar maíz blanco, maíz amarillo, caña de azúcar, sorgo y agave en Jalisco.

Pero la familia Fox Quesada no se queda atrás, ya que de 1996 a la fecha obtuvo más de un millón 246 mil pesos para el cultivo de brócoli, cebollín, papa y maíz.

María Cecilia, María Martha, Cristóbal y José Luis Fox Quesada cuentan con terrenos de 15 y 40 hectáreas, que año con año cultivan en Guanajuato con dinero de todos los mexicanos.

El monitoreo

La Sagarpa no puede garantizar que una persona incluida en el padrón de Proagro Productivo tenga otro giro o actividad ilícita, pero lo que sí puede asegurar es que siembre granos básicos con el apoyo que le entrega el Gobierno de la República, afirmó Francisco Javier Franco Ávila, director general de Operación y Explotación de Padrones.

Explicó a Excélsior que tras la depuración del registro de beneficiarios y el cambio de Procampo a ProAgro Productivo, que empezó a operar a partir de enero de 2014, se verifican los cultivos con fotos satelitales, y cuando hay duda se hace una inspección física en campo.

Detalló que el monitoreo se realiza con el apoyo del Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP), y en caso de que se detecte alguna irregularidad se exige a la persona que devuelva el dinero y automáticamente se le da de baja del padrón, “porque es un desvío de recursos federales, producto de los impuestos”.

““Si se dedica a otro giro no legal, eso nosotros no lo podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es que se estén sembrando granos básicos en el país”, indicó.

El ingeniero agrónomo dijo que además en 2014, por primera vez, se obligó a los productores a demostrar con documentos en qué utilizaron los recursos que recibieron del erario.

Francisco Javier Franco Ávila agregó que los servidores públicos tienen derecho a obtener apoyos del ProAgro, siempre y cuando reúnan una serie de requisitos.

““La ética ya depende de cada uno, pero es legal, porque cualquier ciudadano tiene derecho a recibir el incentivo de ProAgro, la Constitución lo ampara; sí obtuvo un cargo público como funcionario y no renunció temporalmente al apoyo, pues ya es problema de cada quien.”

Con la depuración del Procampo o la aplicación del PADE quedaron fuera 750 mil predios, donde se asignaban recursos a parcelas que se convirtieron en campos de golf, parques industriales o unidades habitacionales.

Franco Ávila comentó se analiza la situación de 350 mil terrenos excluidos de los incentivos, porque les faltaba algún documento, como el caso de las colonias agrícolas asentadas en terrenos nacionales y que no cuentan con titulo de propiedad, por lo que ya se trabaja con la Secretaría de Desarrrollo Agrario para conocer su situación jurídica y reincorporarlas al padrón.

““Hubo sus injusticias y es lo que precisamente queremos regularizar. De los 750 mil casos hemos identificado 350 mil que por falta de un documento o georreferenciación se deben reincorporar para seguir recibiendo el apoyo”, detalló el funcionario.