México es uno de los cinco países con los índices más altos de impunidad, seguido por Filipinas y precedido por Colombia y la Federación de Rusia, resaltó Antonio Le Clercq Ortega, de la Universidad de las Américas Puebla, al presentar el Índice Global de Impunidad (IGI), ante los integrantes de la Segunda Comisión de la Permanente.
El presidente de esta Comisión, senador Armando Ríos Piter, precisó que la impunidad es uno de los más grandes retos de México, por lo que el IGI representa una herramienta valiosa ante la condición actual del país, pues ante hechos como la fuga de “El Chapo” es necesario realizar cambios en el sistema de procuración, de impartición de justicia, de policías y del sistema penitenciario.
El IGI analiza la información de los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros 14 territorios que generan información estadística comparable. De estos, sólo 59 países fueron comparados por contar con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, subrayó.
El académico enfatizó que México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.
A nivel mundial, dijo, los países de Europa del este mostraron menores índices de corrupción, Croacia en primer lugar. Además, se resolvió que el Producto Interno Bruto de los países estudiados no revela una correlación entre el tamaño de la economía y la impunidad.
En el caso de América Latina, el estudio arrojó que México, Colombia, Nicaragua, Honduras y El Salvador son los países de esta región en los peores niveles, donde la correlación con la corrupción es directa.
Se informó que en México hay cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio según el estudio es de 17 por cada 100 mil habitantes, “estamos lejos de un escenario ideal”. Los países con menor impunidad tienen más de 45 jueces por cada 100 mil habitantes, por lo que advirtió la necesidad de tomar en cuenta el nuevo sistema de justicia penal.
También se encontraron deficiencias en el sistema penitenciario, en donde resalta que 46 por ciento de presos no tienen sentencia, explicó. En el caso de la fuga de “El Chapo”, se debe tener en cuenta que hubo intimidación y amenazas para que se pudiera dar la cadena que abonó al escape.