Según fuentes de la Junta Central de Agua y Saneamiento, la institución ha recibido presión por un grupo de inversionistas de inmobiliaria Mesa de la Barranca SA de CV para suspender la construcción del sistema de agua potable que beneficiaría a la comunidad indígena de Mogótavo, municipio de Urique.
Los rarámuris de mencionada localidad solicitaron este proyecto en 2013, ya que no hay agua potable accesible en su mesa. Durante las sequías no cuentan con el vital líquido, mucho menos potable en ninguna parte de la comunidad. Mogótavo incluye una escuela con 80 alumnos indígenas y 26 casas que requieren urgentemente del agua.
Los socios de la inmobiliaria son Omar Bazán Flores, ex presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Ricardo Orviz Blake, ex diputado local del PRI por Delicias, Jesús Alberto Cano Vélez, ex diputado federal del PRI en Sonora, Agustín López Daumas, empresario chihuahuense y Ricardo Valles Alveláis, hermano de Héctor Valles Alveláis, ex Secretario de Turismo y funcionario actual de FOVISSSTE.
En rueda de prensa, dieron a conocer que estas personas buscan despojarlos de sus tierras, por lo que aseguró que “no vamos a dejar que personas externas nos las quiten, pedimos a las autoridades que se haga respetar el derecho de posesión al territorio en donde vivimos, mismos que nos pertenecen desde tiempos inmemorables, quieren hacer grandes inversiones para hacer del lugar un área turística, lo que afecta a las 200 familias que vivimos ahí”, dijo Miguel Manuel Parral en representación de su comunidad.
Los socios antes mencionados, compraron 155 hectáreas de la comunidad en 2008, a la señora Odile Sandoval, hermana de la dueña del Hotel Divisadero Barrancas. La compra se realizó por 2.25 millones de dólares sin enterar a los compradores la situación irregular de los terrenos y con la intención de reubicar forzadamente a los Raramuri para despojarlos de sus territorios ancestrales.
La mesa de Mogótavo es el centro de población y ceremonial más importante de la comunidad indígena.
“Ya tenemos muchas demandas interpuestas para pedir respeto a la comunidad”, agregó Parra, quien agregó que aunque el Parque Barrancas es un lugar turístico eso no les deja beneficio alguno a ellos, pues más bien les afecta hasta tal grado que se quiere frenar la construcción del sistema de agua potable.
“Los inversionistas son todos ex funcionarios o prestanombres de ex funcionarios del gobierno estatal y federal, mismos que al oponerse a la construcción demuestran la intención de despojar a este pueblo indígena, negando su derecho fundamental a un sistema de agua potable”, cita el comunicado que se entregó a los representantes de los medios de comunicación durante el evento.